Posible inclusión en lista gris impactará a panameños

La posible inclusión de Panamá nuevamente en una lista gris aumentaría el precio de los productos importados, dificultaría el acceso al crédito y, eventualmente, podría generar desempleo en el país, lo que afectaría directamente al panameño común y a la economía en general.

Las repercusiones sobre el país son que en primer lugar se afecta el riesgo reputacional y es visto en la comunidad financiera internacional como un territorio donde existen condiciones que favorecen y facilitan algunas actividades, como es el caso de la evasión de impuestos, lavado de dinero y otras, señaló el economista Augusto García.

En los últimos años, Panamá ha sido eco de escándalos internacionales como Mossack Fonseca y sus clientes, empresas de la familia Waked y "Panamá Papers", que afectan el riesgo reputacional y la percepción del país.

Y es que cuando un país es incluido en una de estas listas aumenta el riesgo reputacional. En el caso financiero, las transacciones que tienen que hacer los bancos panameños con sus pares internacionales para realizar importaciones, transferencias y demás se afectan con la aplican de mayores costos al sistema bancario nacional, producto de la revisión que tienen que hacer y los informes que deben dar en sus países de origen a las autoridades financieras, explica García.

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Esos costos se trasladan a los bienes y servicios que brinda el sistema bancario y, eventualmente, podrían afectar a largo plazo el funcionamiento de la economía y las actividades relacionadas con el sector externo, y eso pudiera causar una mayor desaceleración de la economía y la disminución de empleos, de acuerdo con el experto.

Es decir, los costos que se aplican al sector bancario nacional son trasladados a los panameños que hacen una transacción de un préstamo o de compras de artículos importados.

En otros casos, podrían darse ejemplos extremos de que los bancos corresponsales dejen de brindar el servicio a los bancos panameños, como ha sucedido anteriormente. Este año, Panamá logró recuperar 72 de las 74 relaciones de corresponsalías perdidas, tras el ingreso de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi).

Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) o el Gafi han recomendado a Panamá que tipifique la categoría de delitos fiscales y se determinen como precedentes de lavado de dinero.

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Aunque Panamá ha adoptado mayoritariamente los estándares internacionales en esta materia, no cumple con la recomendación que requiere que se tipifique el delito fiscal como precedente al blanqueo de capitales.

Ante esto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó en enero ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que propone que el umbral para constituir delito de defraudación fiscal sea de $300 mil al fisco en un año, que fue aprobado en primer debate.

La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, solicitará al Consejo de Gabinete que incorpore en la agenda de las sesiones extraordinarias la discusión en segundo y tercer debate del proyecto de ley 591, que tipifica la evasión fiscal como un delito, y el proyecto de ley 692, sobre el Código de Procedimiento Tributario.

A mediados de diciembre de 2018, se espera la próxima visita del Gafi y en febrero se vence el plazo para que Panamá adecúe sus leyes conforme a las exigencias de los organismos internacionales.

El economista David Saied cuestionó que los Gobiernos de Panamá han sido reactivos en este tema. Asegura que no existe un plan completo ni mucho menos una estrategia armada. "No se han designado recursos y no han negociado nada. Ceder no es negociar. Uno cede solo después de que ha logrado algo para el país".

Reiteró que negociar desde una posición de debilidad o, peor aún, después de haber cedido o entregado todas las cartas de negociación es una táctica que hace muy difícil ganar.

Asimismo recordó que no hay un solo estudio, que sea público, del impacto en la plataforma internacional de servicios de todas estas medidas, así como tampoco se han estudiado los costos de transacción y las pérdidas por haber cedido.

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En este sentido, la economista Irene Giménez resaltó que "el garrote con el cual se ha amenazado en los últimos tiempos a Panamá es con las corresponsalías bancarias, pero ya Panamá debería tener otro tipo de respuesta desde el punto de vista de la tecnología para negociar", manifestó.

El problema es que quienes negocian en nombre de Panamá (consultores extranjeros) no conocen la idiosincrasia panameña y, por ende, no lo pueden defender bien.