Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cada año, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada suma capturas hasta por 23 mil millones de dólares.
El atún, el bacalao y el tiburón son las especies más vulnerables con este tipo de prácticas de pesca ilegal, por su alto valor comercial en los mercados internacionales.
Representantes del Gobierno y sector pesquero reiteran el compromiso de Panamá por combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr), tras la tarjeta amarilla impuesta por la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Unión Europea (DG Mare).
Flor Torrijos, Administradora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), manifestó que la tarjeta amarilla impuesta por la Unión Europea es una advertencia que representa una oportunidad para mejorar de forma integral la gestión del país en temas pesqueros.
“Quiero informales que el Estado panameño ha fortalecido la gestión de la Comisión interinstitucional para prevenir, desalentar y eliminar la pesa ilegal, no declarada y no reglamentada con la integración de otras instituciones como los ministerios de Relaciones Exteriores; Desarrollo Agropecuario; Ambiente; Seguridad Pública y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), entre otras entidades”, indicó Torrijos durante una conferencia de prensa en las instalaciones del Puerto de Vacamonte, en la provincia de Panamá Oeste.
La administradora de la ARAP, informó que la comisión de gobierno desarrolla un plan de acción de ocho puntos para recuperar la tarjeta verde y evitar mayores afectaciones a la flota marítima más grande del mundo. El país cuenta con más de 7 mil barcos y 243 embarcaciones con bandera panameña en aguas internacionales con licencia de pesca.
Un resultado del plan de acción es la inclusión de la ARAP en la Ventanilla Única Marítima de Panamá (VUMPA), y en el Comité de Recepción- herramientas que permiten una coordinación dinámica. También resaltó las mejoras en los controles de las flotas con bandera panameña a través de las plataformas PKI y SIEPA y la modernización de la ley de pesca, acuicultura y actividades conexas de la República de Panamá.
Augusto Valderrama, ministro de Desarrollo Agropecuario, indicó que el Gobierno continuará trabajando de la mano con el sector privado para cumplir como país con los requerimientos de la Unión Europea.
“El sector pesquero panameño es un recurso invaluable y si perdemos la calificación de Europa verdaderamente sería un daño catastrófico para la economía del país y sobretodo en este momento de pandemia”, dijo Valderrama.
Reiteró que el país hará todos los ajustes necesarios para estar listo para la auditoria de la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Unión Europea (DG Mare), en diciembre próximo.
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Tomás Villa, representante de la Asociación Nacional de la Industria Pesquera Panameña (Andelaipp), indicó que la industria debe apostar a las certificaciones de pesca sostenible y responsable.
“Los mercados internacionales cada vez son más exigentes y es tiempo de que el sector pesquero industrial avance y apueste a las certificaciones para ingresar a nuevos mercados”, indicó Villa.
Por su parte, Noriel Araúz, Ministro de Asuntos Marítimos y Administrador de la AMP, manifestó que el sector enfrenta grandes desafíos, entre ellos combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que constituye una amenaza no solo para Panamá, sino para la región latinoamericana en general, toda vez que representa una gran desventaja y discriminación para los pescadores que actúan con responsabilidad, honestidad y de conformidad con las condiciones de sus autorizaciones de pesca.
Destacó que la AMP ha trabajado arduamente en armonizar sus procedimientos internos y redoblar esfuerzos interinstitucionales con el propósito de cumplir normativas nacionales e internacionales del sector marítimo y portuario.
Torrijos en compañía del Ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Erika Mouynes, Noriel Araúz, Ministro de Asuntos Marítimos y Administrador de la AMP y representantes de la industria pesquera realizaron un recorrido por la instalaciones del Puerto de Vacamonte para identificar las mejoras y hacer los correctivos necesarios en los casos que corresponda en su compromiso con la Unión Europea de combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
El operar sin la debida autorización, capturar especies protegidas o con alguna restricción, utilizar artes de pesca ilegales y no respetar las cuotas de captura, son algunas de las actividades más habituales de la pesca ilegal.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cada año, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada suma capturas hasta por 23 mil millones de dólares.
El atún, el bacalao y el tiburón son las especies más vulnerables con este tipo de prácticas de pesca ilegal, por su alto valor comercial en los mercados internacionales.
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