Panamá
Los empresarios aseguran que es una medida incongruente e inoportuna que afectará la situación económica todos los clientes en general.
Se establece que a partir del 1 de marzo de 2021, las compañías deben permitir que los clientes puedan realizar arreglos de pagos, tal y como establecen las normas, antes de efectuar cualquier medida de corte.
A pesar de que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) cambiara su decisión en la medida adoptada sobre los cortes de suministro energético a los clientes morosos y ahora estableciera un límite hasta 400 Kwh por mes para realizar el corte, es un duro golpe a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y al resto de los consumidores en general.
La nueva resolución advierte a la empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA), a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-oeste, S.A. (EDEMET) y a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI), que no podrán aplicar lo establecido en el artículo 116 del Texto Único de la Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997, a los clientes beneficiados de la Ley No. 152 de 2020, que tengan un consumo promedio trimestral menor de 400 kWh/mes, ponderado a treinta días calendario.
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Adicional, se establece que a partir del 1 de marzo de 2021, las compañías deben permitir que los clientes puedan realizar arreglos de pagos, tal y como establecen las normas, antes de efectuar cualquier medida de corte.
La asesora financiera de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (Fedecamaras), Alicia Jiménez explicó que esta resolución es un duro golpe para las pymes y una vez más las autoridades demuestran incongruencias en la toma de decisiones, por lo que estamos lejos de una reactivación económica.
"Con qué moral, con qué principio normativo del sistema económico nosotros podemos hacer que las empresas respondan ante una morosidad cuando ni siquiera pueden establecer el vínculo con la venta de sus productos y muchos menos tener ingresos que permitan cubrir los costos operativos", señaló.
Indicó que la economía no se ha reactivado totalmente y prueba de ello es que entre el 52% al 58% de las empresas no van a poder abrir por falta de liquidez tras la segunda cuarentena que está en vigencia.
Reiteró que es necesario que se le inyecte dinero líquido a la Mipymes a través del proyecto de inversión no reembolsable que está en la Asamblea Nacional.'
180
mil contratos laborales se mantienen suspendidos a la fecha en el país.
4.5%
disminuyó la oferta de electricidad hasta noviembre del año pasado.
Explicó que las 62 mil Mipymes que ya existían antes de la pandemia (estudio de octubre 2019) son las que se tienen que "rescatar" , pues ya sabían, qué hacer, cómo hacerlo y tenían ya disponible todo su margen de operaciones debidamente planificados.
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"Con los fondos no reembolsables en muy corto plazo con respecto a una inversión nosotros podíamos recuperar y reactivar la economía de este país", aseguró.
Según cifras del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) más de 100 mil contratos de trabajo han sido reactivados, tras las medidas de restricción establecidas a principio de año por las autoridades sanitarias para mitigar la propagación de los casos de la covid-19.
En esta línea, el diputado Raúl Pineda considera que las empresas no tienen moral para realizar un corte de luz en este momento.
"Con qué moral las empresas eléctricas piden reactivar los cortes si son las únicas que no han ofrecido facilidades ni opciones de pago durante la pandemia y de una u otra forma siempre nos han obligado a pagar muy caro el pésimo servicio que prestan", consideró.
Añadió que es una medida perversa, inoportuna y poco solidaria de las empresas eléctricas.
Tres de cada diez clientes de las empresas de distribución eléctrica o aproximadamente el 35% se acogió a la morosidad en la facturación de energía eléctrica aprobada como alivio a los efectos de la pandemia que se declaró en marzo.
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Se trata de unos 400 mil clientes de más de un millón 155 mil usuarios que facturan energía en las empresas prestadoras del servicio ENSA y Naturgy (Edemet y Edechi). La morosidad de estos clientes asciende a $94.8 millones hasta agosto de 2020.
Por su parte, Domingo de Obaldía, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (Arap), dijo que en este momento es imposible pagar un arreglo y el mes corriente cuando los negocios están cerrados.
"Es preocupante como han hecho el anunció y sin ninguna explicación o una flexibilización en el pago", expresó el empresario.
Para los consumidores este tipo de decisiones agrava más la situación económica en la que viven los panameños que han perdido su empleo.
Pedro Acosta, miembro de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), dijo que es urgente que se revisen los contratos que tienen las empresas eléctricas con el Estado panameño.
La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), anunció el año pasado que para el primer semestre del año en curso las tarifas eléctricas registrarán una baja entre 0.2% y 9.1%.
Hasta noviembre de 2020 la oferta e electricidad cayó -4.5%.
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