Unpyme exige ley que agilice el pago a los proveedores MiPyMEs del Estado

La Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme) pide a la Asamblea Nacional la aprobación del Proyecto de Ley 462 que crea un modelo que agilice el pago a los proveedores MiPyMEs del Estado.

La Unpyme ha solicitado la aprobación en segundo y tercer debate del proyecto que reposa desde hace dos años en la Asamblea Nacional.

Para Franklin Martínez, presidente de la Unpyme, este proyecto de Ley cambiaría el panorama de muchas compañías que prestan servicios a entidades públicas y dependen en gran medida de esas entradas. Para las Pymes que proveen servicios al Estado, su tabla de salvación estará en la aceleración de los pagos y el recorte de los tiempos de espera para cobrar facturas, sostiene.

En Panamá, alrededor del 97% del tejido empresarial pertenece a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyMEs) y más del 78% es liderado por mujeres. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República, 3 de cada 4 panameños trabajan en MiPyMEs o en el sector informal, lo que representa más del 85% de los empleos a nivel nacional, señaló el dirigente.

Martínez señaló que menos del 8% de las empresas tiene acceso al crédito bancario por la inexistencia de programas específicos para este segmento del mercado y la falta de garantías y colaterales necesarios.

“Si estas empresas no tienen liquidez, no se reactivará la economía nacional, y no tendremos capacidad de pagar nuestros compromisos financieros”, advierte el presidente del gremio.  La participación del sector en el desarrollo económico y social es determinante para Panamá, “pese a ello no todas las empresas contamos con la liquidez necesaria para operar con holgura”, agregó

 Esto llevó a miles de empresarios de Micro y Pequeña Empresa a cancelar contratos de trabajo, y a más del 40% de las empresas Micro y Pequeñas a cerrar sus puertas en medio de la crisis generada por la pandemia de Covid-19.

“Mejorar las condiciones de las MiPyMEs y garantizar el flujo de caja, no solo asegura la recuperación del sector, sino que ayudará a mantener empleos formales, y dinamiza la reactivación económica del país”, aseguró Martínez.

El Proyecto de Ley 462 presentado en octubre de 2020 busca establecer una medida para facilitar rápida liquidez a los proveedores del Estado, autorizando a las entidades públicas a certificar deudas con proveedores que pueden ser negociadas para respaldar la emisión de valores comerciales a corto plazo.

Este Proyecto de Ley será gratuito para el Estado, y brindará hasta 360 días para pagar cuentas certificadas a favor de fideicomisos, sin costo financiero, mientras que los proveedores de Micro, Pequeña y Mediana Empresa cobran sus cuentas certificadas rápidamente.

Todo proveedor dueño de una factura certificada por el Estado, la puede descontar y obtener liquidez sin tener que presentar estados financieros, ni análisis de crédito.

“Todas las entidades del Estado estarán autorizadas para certificar la existencia de deudas con sus proveedores de bienes, obras y servicios, deuda que será negociada por éstos, mediante cesión a un fideicomiso, debidamente regulado, sin recurso contra el proveedor del Estado, bajo descuento por pronto pago”, según el proyecto.

La certificación de las cuentas o facturas cedidas al fideicomiso, la negociación de las cuentas o facturas ya certificadas por el Estado y los valores comerciales respaldados por éstas, deberán ser realizadas en una plataforma digital o bolsa digital segura, a la que se pueda acceder por "Internet".
 

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