Panamá
El proyecto de ley regulaba otros temas relativos a la contratación de personal y los centros de llamadas, lo que fueron las causas para la objeción del mandatario.
Las distribuidoras eléctricas y las empresas de televisión pagada tienen centros de llamadas. Foto ilustrativa
Un proyecto de ley que iba destinado a que los clientes no tuvieran que pagar las llamadas realizadas a centros de llamadas de empresas de servicios públicos para reclamos o consultas, fue vetado en forma parcial por el presidente Laurentino Cortizo.
Se trata del proyecto 698, presentado por la diputada Yanibel Ábrego, de Cambio Democrático (CD), que además de dejar gratis las llamadas a estos centros, en los que generalmente un cliente demora varios minutos para ser atendidos, incluía otras disposiciones que fueron las causas de la objeción del Órgano Ejecutivo.
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En su artículo 3, se obligaba a estas empresas a tener dentro de su personal al menos a 40% de mano de obra local, lo que a juicio del mandatario va en contra de lo dispuesto en el Código de Trabajo sobre los porcentajes de trabajadores extranjeros que deben tener en sus planillas.
Además, disponía que los centros de llamadas debían brindar un servicio mixto, dentro del país y en otras naciones, lo que a consideración de Cortizo, viola la libre competencia económica.
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Por otra parte, en el artículo 4 se establecía que estas empresas deberían tener preferencia en contratar jóvenes de 18 a 23 años, lo que al parecer del Órgano Ejecutivo sería una medida discriminatoria y de exclusión de los ciudadanos de otras edades que, igualmente, aspiran a obtener un empleo en estos lugares.
“Soy de la opinión que esta iniciativa contiene elementos tales como la gratuidad de las llamadas de atención al cliente y el aseguramiento de la calidad de estas llamadas que son importantes para los usuarios. Sin embargo, la redacción de su artículo 3 amerita ser reformulada”, plantea el presidente Cortizo.
La proponente al justificar su proyecto mencionó que cuando un cliente busca atención en estas empresas, que cuentan con centros de llamadas en la que se brinda un servicio indirecto, pierde tiempo y dinero y, en muchos casos, no logra su cometido que es obtener una respuesta a su consulta o reclamo.
“Sin mencionar lo profundamente desventajoso que es para los usuarios, el verse obligados a consumir sus propios recursos para reportar prestaciones defectuosas o realizar consultas de servicios por los que ya están pagando”, afirmó.
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