La agrupación que impulsa el derecho a las nuevas tecnologías, hizo un llamado para que se reflexione sobre el alcance y las consecuencias de esta decisión.
Este no es el primer accidente de gran magnitud que se registra en esta planta termoeléctrica. En marzo del 2014, ocurrió una explosión dentro de una galera.
Derechos humanos como contar con agua potable, una buena educación, acceso a servicios de salud, sanidad básica y un transporte digno siguen siendo vulnerados.
Los consumidores mantienen la expectativa de que se revise el contrato entre la empresa que adquiere una concesión y el Estado.
El defensor Eduardo Leblanc cree que el servicio puede mejorar si el ciudadano puede auditar los planes de inversión de cada una de esas empresas.
La administradora de la ASEP, Zelmar Rodríguez, dijo que en los próximos 60 días espera presentar este proyecto de ley.
