Abogada traspasó propiedades de sus víctimas a un representante

 

El nombre de un representante de corregimiento salió a relucir en la audiencia de Xiomara Saucedo, una abogada de 40 años vinculada a un doble crimen ocurrido el 27 de noviembre de 2017.

 

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La audiencia inició a las 2 de la tarde en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) ubicada en Plaza Ágora de la Transístmica.

 

El nombre de un funcionario fue mencionado en la audiencia, en la que se dijo que Saucedo supuestamente le traspasó los apartamentos de las víctimas: la panameña Mariela Vallarino, de 46 años, y del italiano Fursio Ferrari, de 76.

 

 

Los cuerpos de ambas personas fueron econtrados desmenbrados en bolsas plásticas en la comunidad El Lago, en el corregimiento de Las Cumbres, en noviembre del año pasado.

 

La vinculación de la abogada Saucedo al doble asesinato surgió por una supuesta conversación que escuchó un testigo protegido en una panadería de la capital.

 

Según aquel testigo, este afirmó que escuchó a la jurista mencionar que tenía la intención de contratar sicarios para que perpetraran el hecho de sangre. Eso es lo que sospechan los investigadores, tras las revelaciones del testigo protegido.

 

Cabe señalar que el tribunal a cargo de la audiencia ordenó la detención provisional de la imputada ya que la fiscal Isaura Mejía, de la Sección de Homicidio/Femicidio del Área Metropolitana, manifestó que se trata de un hecho grave donde la sospechosa se aprovechó de la confianza de sus clientes.

 

Se pudo conocer, que la ciudadana detenida, posiblemente tenga vínculos con otro doble homicidio ocurrido en octubre de 2017 en el sector de San Antonio, en el distrito de San Miguelito.

 

En ese suceso fallecieron el canadiense Kotlica Miomir, de 62 años, quien tenía pocas horas de haber llegado a Panamá, y Miguel Paz, de 28 años. Los dos fueron acribillados.

 

También se dijo en la audiencia que Saucedo administraba propiedades de Mariela Vallarino y Fursio Ferrari en Paitilla.

 

Por último, trascendió que el tribunal valoró la existencia del peligro de fuga ya que la imputada ha desatendido otras medidas cautelares en otros procesos y que no hay respeto por la autoridad.