Armas eran 'muestras' y solo para el uso policial

El armamento de grueso calibre que quedó en manos de exdirectores policiales, políticos, empresarios y civiles para su uso privado entró a Panamá en 2017, a través del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), como muestras comerciales o de demostración para la utilización exclusiva de los estamentos de seguridad.

Esto se registró bajo la gestión presidencial de Juan Carlos Varela, por lo que en el listado de investigados aparecen amigos, empresarios, allegados y jefes de estamentos de seguridad que formaron parte de su círculo íntimo.

Estas personas están incluidas en una investigación por supuesto tráfico ilegal de armas de guerra.

Entre ellos, figuran familiares del exministro consejero de Varela en materia de seguridad, Taher Yaffar, de origen árabe.

Un documento de la Fiscalía Contra de la Delincuencia Organizada, que lleva el caso de tráfico ilegal de armas, reveló que estas armas fueron introducidas al país por medio de la empresa Aerotécnica de Panamá, mediante la emisión de una Certificación de Usuario Final para muestras comerciales o demostración exclusiva para los estamentos de seguridad, sostiene un documento al que tuvo acceso Panamá América.

La Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública certificó a la Fiscalía que algunas de las armas bajo investigación no se mantienen registradas en su base de datos.

Otras armas fueron registradas a nombre de Omar Pinzón (exdirector de la Policía Nacional), Julio Armando Moltó (exdirector de la PN), Felipe Cruz (comisionado de la PN), Cristian Hayer (exdirector del Senafront) y Rolando López Pérez (exjefe del Consejo de Seguridad Nacional).

También figuran Juan Pineda (mayor del Senan, jefe de escoltas), Belsio González (exdirector del Senan), Erika Vargas (esposa de Belsio González), Casto Ramos (exdirector de armamento de la PN), Yassir Purcait (exdiputado del PRD), Roberto García, Yaafar Daher y Ricardo Selles.

Además, se incluye a Ricardo Domínguez (representante de Bella Vista), Musa Yaffar Daher, Mariano Gustini (vinculado a la familia de Juan Carlos Varela), Marco Chu Nomura, Jorge Velásquez (exfuncionario del Ministerio de la Presidencia en el gobierno de Varela), Jorge Jurado Abadía (socio de Petroautos-Hyundai), Darko Kuzmucich Selles, Carlos Boyd, Ali Tarek Yaafar y Jack Betesh (representante de la empresa Aerotécnica de Panamá).

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Anoche, al cierre de esta edición , varios de los detenidos fueron liberados por un juez de garantías.

Se conoció que en 2017, el caso fue abierto por el entonces fiscal David Mendoza, pero fuentes judiciales afirman que Rolando López habría influido para que la exprocuradora Kenia Porcell lo removiera y se enfriara la investigación.

Este caso también guardaría relación con una de las investigaciones que llevaba a cabo el exmayor Alex Cedeño, detenido desde aquella época en circunstancias dudosas.

Al cierre de la edición de ayer, el juez de garantías Erick González decretó ilegal las aprehensiones de ocho de los señalados en este caso y se esperaba la fase de imputación de cargos y medidas cautelares.

Esperan sanción ejemplar
El abogado Kevin Moncada reaccionó ayer en sus redes sociales y pidió a los investigados que no se escuden diciendo que importaron armas a nombre del Estado panameño, porque algunas de ellas quedaron en manos de particulares.

Sostuvo que no se sabe bajo qué circunstancias esas armas pasaron a manos privadas y dijo que así como se sanciona a quienes son sorprendidos con una pistola 45, también les caiga todo el peso de la ley a los que venden armas de guerra.

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Otro que reaccionó fue el exdirector del Consejo Nacional de Seguridad y de la Policía Nacional (PN), Gustavo Pérez, quien estuvo detenido más de cuatro años por acusaciones parecidas.

Recordó en twitter que, en la primera noche que pasó en la cárcel y sin que se hubiera presentado su caso ante la autoridad competente, le comunicaron que estaría preso durante cinco años, todo el mandato de Varela, lo cual casi ocurrió.

"Perdí 4 años en la cárcel por culpa de estos maleantes que manejaron la justicia a su antojo. Por mucho menos, me aplicaron preventiva, me negaron fianzas y cambios de medidas y un juez amañado me sentenció injustamente a 64 meses de prisión", dijo.

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