Carrillo cuestiona comunicación atípica de exprocuradora Porcell sobre principio de especialidad

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli, encabezada por el abogado Carlos Carrillo, ha señalado una serie de irregularidades en la actuación de la exprocuradora Kenia Porcell en relación con el principio de especialidad que protegía al exmandatario tras su extradición desde Estados Unidos en 2018.

Las declaraciones de Carrillo se producen en medio de informaciones que circulan en la que "demuestran situaciones previamente conocidas o que se manejaban como un secreto a voces". Esto, según Carrillo, incluye la contratación por parte del gobierno panameño, en 2016, 2017 y 2018, de la firma de abogados Foley Hoag LLP en Estados Unidos para gestionar lo relativo a la extradición del expresidente Ricardo Martinelli.

Según lo expuesto por Carrillo en Nex Noticias, el 27 de octubre de 2019 se dio una "comunicación atípica" entre la exprocuradora Porcell y Thomas Heinemann, funcionario estadounidense, en la que se discutió la vigencia del principio de especialidad. Este principio, conforme a convenios internacionales y al tratado de 1904 entre Panamá y Estados Unidos, debía ser gestionado exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

El defensor de Martinelli destacó que, un año antes, en 2018, Heinemann había intercambiado correspondencia con una funcionaria de la Cancillería panameña, en la que se dejó claro que esta institución era la única competente para tratar cualquier asunto relacionado con el principio de especialidad.

Sin embargo, en la comunicación de 2019, Porcell, sin el aval de la Cancillería, intervino directamente, lo que, según Carrillo, constituye una violación del procedimiento establecido.

Este episodio se da en un contexto en el que, pocos días después, el 8 de noviembre de 2019, Kenia Porcell renunció a su cargo como Procuradora General de la Nación. El 12 de diciembre del mismo año, Heinemann respondió confirmando que, de acuerdo con la interpretación de la ley panameña que se le había presentado, el principio de especialidad ya no estaba vigente.

Carrillo cuestiona la legalidad y la motivación detrás de estas acciones, subrayando que Porcell no tenía la autoridad para llevar a cabo comunicaciones de este tipo, las cuales, según él, debieron haberse realizado a través de la Cancillería.

La defensa de Martinelli sostiene que estas irregularidades han afectado gravemente los derechos de su cliente y pone en duda la validez de las decisiones tomadas con base en esta comunicación.