La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a todos los países que están sujetos a sus estatutos a proteger la vida, salud e integridad de las personas privadas de libertad frente a los efectos de la pandemia del COVID-19.

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Además, el organismo insta a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contener el virus y otorgar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, principalmente a las personas vulnerables, con enfermedades y de mayor edad.

También indicó que se deben adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad en cuanto a atención médica, alimentación, saneamiento y medidas de cuarentena, para evitar el contagio intramuros.

Ante este llamado, el Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Gobierno, ha estado realizando rebajas de pena y libertad condicionada a algunos detenidos, principalmente a aquellos relacionados con delitos comunes.

Contrario a esto, West Valdés, Luis Cucalón, Mauricio Cort y otros, quienes vivieron una persecución durante el gobierno del expresidente de la República, Juan Carlos Varela, siguen detenidos en El Renacer.

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Detención que algunos de estos empresarios y exfuncionarios llevan por casi cinco años, esto a pesar de haber interpuesto diversos recursos de excarcelación que les han sido negados.'

El Sistema Penitenciario Nacional de Panamá, con una capacidad para 14,591 reclusos, tenía 17,837 reclusos hasta enero pasado.

Las cárceles más pobladas son La Nueva Joya con 2,631 detenidos, seguida de La Joya con 1,653, La Joyita con 1,557 y la cárcel pública de Chiriquí con unos 1,266.

La Dirección del Sistema penitenciario Nacional (DGSP) manifestó que ha suspendido la visita externa y ordenado estrictas medidas sanitarias a los custodios y personal administrativo. Los familiares de los reclusos pueden llevar enseres y alimentos, pero no tener contacto con los reclusos. explicó la institución.

En el caso del exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Luis Cucalon, a pesar de estar sufriendo quebrantos de salud, concretamente problemas pulmonares, aún sigue detenido.

Para Ángel Calderón, exdirector del Sistema Penitenciario de Panamá, este llamado hecho por la CIDH llega en buen momento para hacerle frente a un problema de vieja data como lo es el hacinamiento en las cárceles del país.

Algo que ha tomado fuerza en los últimos años con el abuso de las detenciones preventivas por parte del Ministerio Público.

Calderón indicó que no solamente la CIDH ha hecho este llamado para ver el tema carcelario, sino que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Comisión de Tortura y a basado en el Protocolo de Mandela para el manejo de los privados de libertad.

El exfuncionario indicó que en Panamá hay centros carcelarios que no tienen las estructuras para darle salud a los reclusos, porque no cuentan con un sistema para resocializar y reintegrar a los detenidos.

Agregó que estamos ante un grave problema, que se podría agravar con la pandemia del COVID-19.

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Como ejemplo, Ángel Calderón indicó que en las cárceles del país no se han podido controlar enfermedades como la tuberculossis y preguntó, ¿ahora cómo van a poder contener esta pandemia mortal?

Ante el peligro que representa la llegada de esta pandemia a las cárceles, el exdirector indicó que todos aquellos privados de libertad que tienen exceso de tiempo detenidos y que no representan peligro, deben ser enviados a su casa.

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