Panamá
La Misión Permanente de Panamá ante la OEA presentó la postulación de Gómez ante la Secretaría General de este organismo internacional, para las elecciones que se desarrollarán en el quincuagésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea General.
Ana Matilde Gómez.
El Gobierno postuló a la exprocuradora Ana Matilde Gómez como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), cargo para el cual estaría inhabilitada por haber sido condenada por el delito de abuso de autoridad en el año 2010.
La Misión Permanente de Panamá ante la OEA presentó la postulación de Gómez ante la Secretaría General de este organismo internacional, para las elecciones que se desarrollarán en el quincuagésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea General.
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Para optar por este puesto en la OEA, Gómez debe cumplir con los mismos requisitos para ocupar un puesto en el Ministerio Público y el Órgano Judicial panameño, para lo cual estaría inhabilitada por su condena previa.
El artículo 8 del Código Judicial señala taxativamente: "Para desempeñar un cargo en el Órgano Judicial o en el Ministerio Público se requiere, además de los requisitos que señalan las normas especiales, no haber incurrido en actos deshonestos y no haber sido condenado por delito común o de carácter doloso".
Ana Matilde Gómez fue condenada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2010 por abusar de su autoridad, que le impuso una pena de seis meses de prisión, que fue conmutada por 40 días de multa, o $4 mil pagados al Tesoro Nacional.
Gómez también fue condenada a 4 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas, esto como pena accesoria.
Otra causal de impedimento para que Gómez ocupe el cargo de jueza en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está contemplada en el artículo 205 del Código Judicial.'
6
meses de prisión fue condenada la exprocuradora general de la Nación en el año 2010.
40
días multas y cuatro años de inhabilitación para ejercer funciones públicas.
"La persona que haya sido condenada por delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia, no podrá desempeñar cargo alguno en el Órgano Judicial", señala claramente.
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A Gómez se le separó del cargo de procuradora general el 5 de febrero del año 2010 y fue condenada por ordenar interceptaciones telefónicas ilegales, al no contar con una autorización de la Sala Penal de la Corte Suprema.
El Gobierno del presidente de la República, Laurentino Cortizo, postula a Gómez a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no toma en cuenta que la exprocuradora general de la Nación, fue condenada por violar el derecho humano número 12, que es el derecho a la intimidad que tiene todo ser humano.
El principal requisito que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ser juez de este organismo es "ser un jurista de la más alta autoridad moral" y de "reconocida competencia en materia de derechos humanos".
Cada Estado tiene derecho a postular hasta tres candidatos a la Corte Interamericana (solo se ha conocido la postulación de Gómez por Panamá para el período 2022-2027) y los jueces son elegidos a título personal por los Estados partes de la OEA, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos.
Uno de los que reaccionó frente a esta designación de la exprocuradora general de la Nación ante la OEA, fue el abogado Luis Eduardo Camacho González, quien manifestó que lo primero que habría que preguntarse es, ¿dónde está la reconocida competencia de ella en materia de derechos humanos?
Agregó que por el contrario, Gómez como procuradora supuestamente violó derechos humanos, entre estos el debido proceso al destituir a fiscales del Ministerio Público, "lo cual le costó millones al Estado panameño al ser reintegrados, y ahora pretenden premiarla de esa manera".
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"Hay otra cosa que el Estado panameño no consideró, y es que Ana Matilde no puede ocupar el cargo de magistrada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que ella fue condenada por un delito doloso y ello la inhabilita para ocupar ese cargo", sentenció.
Agregó el abogado penalista que el artículo 52 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, advierte que quien ocupe el cargo de magistrado (a) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe cumplir los requisitos exigidos para ocupar las más altas funciones judiciales en su país, en el cual está inhabilitada.
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