Confía OPC en la justicia panameña en demanda contra Slim
OPC y Matrix Concesiones sostienen una disputa legal contra FCC, debido a que ésta tiene un adeudo multimillonario relacionado a la construcción del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, en Veracruz, México.
- Presentado por Gerardo Rivadeneyra / Periodista
- - Actualizado: 06/8/2020 - 12:30 pm
Será la Suprema Corte de Panamá la que defina el conflicto legal que sostiene la constructora mexicana Obras Portuarias Coatzacoalcos (OPC) contra la constructora Española multinacional FCC, bajo control accionario de Carlos Slim Helú, magnate mexicano y uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo.
La fortuna de Slim Helú, según Forbes, asciende a 51 mil 500 millones de dólares (mdd), con lo cual podría pagar la deuda externa de Panamá, calculada por la Dirección de Financiamiento Público en 33 mil 44 mdd.
OPC y Matrix Concesiones sostienen una disputa legal contra FCC, debido a que ésta tiene un adeudo multimillonario relacionado a la construcción del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, en Veracruz, México. Dicha obra, que inició su construcción en 2006, se terminaría en dos años, sin embargo la entrega concluyó hasta 2017.
Al no llegar a un acuerdo, se promovió un arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio (ICC por sus siglas en inglés), mismo que se resolvió en mayo de 2019, pero FCC promovió un recurso de anulación del laudo.
“El recurso de anulación del fallo solo se prevé bajo una una serie de condiciones muy específicas, pero en este caso no procede porque no se cumple ninguno de los requisitos necesarios. De hecho, FCC presentó su petición de manera extemporánea”, afirmó Diego de la Guardia, socio de la firma de abogados Galindo, Arias & López y representante legal de OPC, quien asegura que el “laudo no es anulable”.
Serán los magistrados Ángela Russo de Cedeño, María Eugenia López Arias y Luis Ramón Fábrega Sánchez quienes analicen el caso turnado a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.
A pesar de que en el caso está inmersa la compañía de Slim, uno de los empresarios más influyentes del orbe, De la Guardia confía que los togados actuarán conforme a derecho y sin presiones de alguna índole.
“Todos los días voy a los tribunales buscando justicia. En este caso en particular, estoy plenamente confiado de que los tres magistrados a cargo de emitir el fallo son independientes y actuarán conforme a derecho”, dijo el abogado de OPC.
La constructora FCC cuenta con la concesión de algunas obras públicas en Panamá, como líneas del metro, la Segunda Etapa del Canal y la Carretera Panamericana, pero la más grande es el proyecto de infraestructura sanitaria de Ciudad de la Salud, que se inició en 2012 y que debió entregarse en 2015.
De hecho, en España, la Audiencia Nacional acordó imputar como persona jurídica a FCC por el presunto pago de comisiones ilegales a políticos y empleados públicos panameños a cambio de la adjudicación de la obra pública antes mencionada, en un consorcio que la compañía española constituyó junto con la constructora brasileña Odebrecht.
El juez ibérico, Ismael Moreno, consideró que la constructora española podría estar inmersa en una red de corrupción en las transacciones internacionales y “lavado de dinero” hasta por 96.5 millones de dólares. Por ello instruyó las investigaciones contra las sociedades FCC Construcción S.A., FCC Construcción Centroamérica S.A., y Construcciones Hospitalarias S.A.
A la fecha, la compañía de Slim, liderada en Panamá, México y Centro América por Antonio López Castro, Director de Administración y Finanzas, no ha concluído las obras del megaproyecto de la Ciudad de la Salud, comisionada por la Caja del Seguro Social. Reportan solo un avance del 65%. Todo indica que la administración del presidente Laurentino Cortizo deberá negociar con otra constructora para culminar con las instalaciones que tendrán una superficie construida de 219 mil metros cuadrados y dispondrán de 43 quirófanos, más de 284 consultorios y mil 235 camas, con la finalidad de atender a más de 1.5 millones de pacientes.
El incumplimiento de FCC pone en peligro la conclusión del que sería considerado uno de los complejos médicos más modernos de Centroamérica, y que albergará especialidades de pediatría, cardiología, medicina interna, consultas materno-infantil, instalaciones quirúrgicas, ambulatorios, un hospital de día, varios institutos de rehabilitación especializada y una residencia hospitalaria.
