Créditos de la DGI: 'Necesitamos que el Ministerio Público siente en el banquillo de los acusados a los peces gordos'

La investigaciones en torno a los millonarios créditos irregulares de la Dirección General de Ingresos (DGI) deben alcanzar a los funcionarios de mayor jerarquía, advirtió esta semana el abogado Omar Sing.

En este sentido, el letrado señaló que de momento solo se ha imputado a servidores públicos de bajo mando, sin que sus superiores rindan cuentas.

"Preocupa la investigación del caso de la DGI. Necesitamos que el   Ministerio Público siente en el banquillo de los acusados a los peces gordos, porque están vinculando a un abogado, están vinculando a funcionarios que son de línea. Pero ¿dónde están los peces gordos?", cuestionó Sing.

En este sentido, el abogado se preguntó qué pasó con figuras como Publio De Gracia, exdirector de la DGI en el gobierno de Cortizo.

Para Sing la cifra también es motivo de alerta, debido a que inicialmente se habla de unos 40 millones de dólares, pero el monto podría superar los 150 millones de dólares.

"Insto al Ministerio Público que los siente en el banquillo de los acusados y que caiga quien caiga, que rinda y que haga frente a las investigaciones en un tribunal de justicia", señaló.

Las autoridades, hasta el momento, mantienen bajo investigación a 16 personas, entre las que destacan 9 funcionarios públicos, 1 exfuncionario y 6 particulares, a quienes se les acusa de blanqueo de capitales, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y corrupción de servidores públicos.

Los presuntos implicados, según las indagaciones, desviaban pagos reales de los contribuyentes a través del sistema informático e-Tax 2.0, convirtiéndolos en "créditos fiscales" que luego eran vendidos a terceros a través del mercado financiero.

Se estima que la lesión patrimonial al Estado supera los 35 millones de dólares y aún hace falta dar con la captura del resto de los implicados, por lo que no se descarta que altos mandos de instituciones públicas y privadas pudiesen estar involucrados.

En el caso de los bancos, estos se han desmarcado del asunto, alegando que actuaron de buena fe y que la compra de créditos fiscales es una práctica legal.