Cuestionada magistrada María Eugenia López busca presidir la Corte Suprema de Justicia

La magistrada María Eugenia López Arias, señalada de ejecutar órdenes desde el Palacio de las Garzas y acusada en su momento por el abogado Ricardo Fuller por faltas a la ética, tiene aspiraciones de ocupar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Una fuente manifestó a Panamá América que López busca reemplazar como presidente de la Corte al magistrado Luis Ramón Fábrega, a quien su periodo se le vence el próximo 31 de diciembre.

López, quien fue designada en el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo para la Sala Penal de la Corte, fue denunciada en su momento de ser parte de la persecución contra el expresidente Ricardo Martinelli, a través del doble juzgamiento y la alteración de la fecha del segundo juicio por las supuestas escuchas telefónicas.

Esto con el propósito de sacarlo de la competencia en las elecciones presidenciales de 2024.

Cabe indicar que no solo los abogados han advertido sobre las presiones que ejerce la magistrada López Arias a lo interno de la Corte para afectar jurídicamente al expresidente por intereses personales y políticos que ahora están saliendo a relucir por sus vínculos personales con el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.

La magistrada López Arias ya ha sido denunciada por el exgobernante Martinelli, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública y contra la administración de justicia.

Según Martinelli, la magistrada habría influido en la alteración del calendario de audiencias, tras anunciarse el nuevo juicio oral en su contra por la supuesta comisión de los delitos de espionajes telefónico.

Incluso, Martinelli ha denunciado que la magistrada tiene una enemistad manifiesta con él, esto por presuntamente haber interferido en la justicia al emitir comentarios en distintos lugares en su contra.

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Ese plan de persecución está vinculado a la conexión familiar López-Carrizo que hasta ahora había estado de forma oculta.

Según fuentes, Carrizo, quien a pesar del fuerte rechazo popular en su contra aspira a ser candidato presidencial en el 2024 por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), mantiene una estrecha relación familiar con la magistrada López Arias, quien está haciendo todo para forzar una condena a Martinelli a través de la manipulación del sistema judicial.

Según fuentes, la magistrada López está vinculada con Carrizo a través de la familia de su madre Lydia Jaén de Carrizo, y a través de la familia de su esposa Julieta Spiegel.

Además, lo estaría a través de Mónica Anguizola Mariño, esposa de su hermano José Guillermo Carrizo. López está casada con José Agustín Luna Jiménez quien está vinculado a la familia Jaén y la madre del vicepresidente Carrizo.

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Por su parte, hay que recordar que el abogado Fuller la denunció en el año 2012 por faltas a la ética, momento en que la misma ocupaba el cargo de magistrada del Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Fuller señaló que el motivo de su denuncia se dio porque López ocupó el cargo de tesorera en las sociedades CIA Intérprete, The Translator Corp y agente residente en las sociedades Bior, Aravi Deo Group y Transplantes y Diagnósticos desde antes de su ingreso a la Corte en 1990 hasta el 26 de diciembre de 2012, cuando renunció luego de enterarse que habían presentado una denuncia en su contra.

En ese momento, regía una norma que impedía que un funcionario del Poder Judicial pudiera ejercer la abogacía, ya que la función de ser agente residente está reservada solo para abogados, puntualizó el letrado.

Sin embargo, la Corte, sin que nadie se lo solicitara, ordenó el archivo de esta causa, denunció en su momento Fuller.

"La orden de archivo del proceso, luego de ocho años de iniciado, por tácticas dilatorias de la acusada, e incompetencia del otrora magistrado sustanciador, es un premio, un privilegio, un beneficio para la acusada, de la cual existían contundentes pruebas de la falta cometida", dijo el denunciante.

Enfatizó en su momento que esta decisión además de "irónica", es un "puñal" a la "transparencia" e imagen decente de la administración de justicia, que ve cómo la corporación protege a uno de sus miembros.

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