Panamá
Cabe señalar que el grupo llegó a la conclusión que la detención de Cort es ilegal porque contraviene los artículos 3, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I y III.
La Defensoría comunicará de la decisión de la ONU a las autoridades competentes. Archivo.
Luego de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) concluyó que la privación de libertad de Mauricio Cort y García es arbitraria, la Defensoría del Pueblo se comunicará con los entes competentes para ver que decisión tomarán frente a este caso.
Así lo informó Max Ballestero, colaborador de la Defensoría, quien agregó que además del caso de Cort hay otros más que están en esta misma situación, teniendo en cuante que según el artículo 4 de la Constitución Política, Panamá acata las normas del Derecho Internacional, por lo que le toca al Estado decidir que va a hacer.
Además del caso de Cort y García, está el del empresario West Miguel Valdés, el cual tiene más de cinco años bajo detención preventiva.
“Pareciera que tenemos la tónica en Panamá de usar la detención preventiva como una sentencia previa, cosa que contrasta precisamente con principios y normativas nacionales e internacionales, esa es la lucha de la Defensoría del Pueblo”, añadió.
Ballestero indicó que no hay que centrarse solo en el caso de Cort y Valdés, ya que en el universo del Sistema Penitenciario son más de 19 mil 600 privados de libertad, de los cuales hay muchos con la misma situación.
Frente a esto, el funcionario enfatizó que la Defensoría trabaja en restaurar ese Derecho Humano al debido proceso, que tiene que ver con el respeto a las etapas procesales, al juez natural, a la defensa oportuna y legítima.
De forma puntual, el experto indicó que el tema de los Derechos Humanos es tan complicado de expresar y entender.
“Debemos partir del principio básico que habla que en materia de privación de libertad el único derecho que le está restringido es ese, precisamente la libertad, y de allí le quedan íntegros el resto de los derechos, pero cuando esa libertad se ve restringida por presuntos abusos o violaciones a los Derechos Humanos, no queda más que exigir a las autoridades que tomen decisiones”, dijo.
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Ballestero explicó que hace más de 50 días que el Estado panameño está notificado de esta opinión del Grupo de Trabajo de la ONU y “toca que de una vez por toda definan que van a hacer”.
“Es penoso esto y nosotros todavía no hemos recibido una respuesta sobre este tema, aclarando que nosotros no somos parte propiamente del proceso. Esto lo tengo que aclarar porque la Defensoría del Pueblo tiene vetado involucrarse en procesos judiciales, luego de una acción de inconstitucionalidad”, expresó.
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