Denuncian ante la ONU violaciones al debido proceso

La petición 'Other letter', hecha a Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, recoge una serie de violaciones a la independencia judicial, al debido proceso legal y el incumplimiento del deber de remediar tales infracciones a las víctimas.

El documento cita como ejemplo el uso de testigos "sin rostro" –testigos protegidos– para iniciar las acusaciones, cuyas declaraciones se terminan por incorporar mediante actas a juicio sin que el Ministerio Público se ocupe de garantizar, ni los tribunales de exigir, su comparecencia como parte del derecho de contradicción de los acusados.

También hace referencia a que en muchos casos se inician causas penales sobre hechos falsos, infundados, inexistentes o "reinterpretando" disposiciones de derecho interno o de tratados internacionales para abrir, continuar o reabrir procesos penales contra acusados, a pesar de que el Ministerio Público tiene conocimiento del estado real de las investigaciones o los obstáculos procesales que impiden su continuidad.

"En esos casos, incluso se abren procesos por unos hechos y unos delitos determinados, pero se termina condenando por otros hechos o por delitos diferentes, sin haber escuchado ni ejercido el derecho de la defensa, condenándoles en situación de indefensión y en violación de los principios de coherencia y consistencia penal", se lee en el documento.

Otro aspecto que también se cuestiona en la solicitud es el abuso de la detención provisional, cuya práctica se impone reiteradamente, aun cuando se incumpla con la obligación de establecer debidamente los presupuestos de "peligro de fuga" y "apariencia de buen derecho".

"De esa manera, se impone la medida más gravosa de la detención, en muchas ocasiones fundada en las declaraciones de testigos "sin rostro" –testigos protegidos– que no son sometidos al principio procesal del contradictorio", destaca el documento.

Ello, sin contar con las violaciones generales al debido proceso legal, las cuales incluyen "saltos" procesales de etapas, reducción arbitraria de los plazos procesales en ciertos casos y prolongación fuera del plazo razonable de otras actuaciones.

El documento también cuestiona la imposición de condenas penales arbitrarias, como en el caso New Business, las cuales estuvieron fundamentadas principalmente en declaraciones de testigos "sin rostro" que no comparecieron a juicio, sino que sus testimonios fueron incorporados por medio de actas, imposibilitando que fueran contrainterrogados en juicio por los acusados y sus defensores.

La solictitud lleva la firma de Luis Ernesto Albeño Salas, consultor y asesor en Derechos Humanos.