Denuncian a los exmagistrados Abel Zamorano y Harry Díaz por 'abusos'

Por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, extralimitación de funciones y corrupción de servidores públicos fueron denunciados ayer los exmagistrados de la Corte Suprema, Harry Díaz y Abel Zamorano, por el expresidente Ricardo Martinelli.

La denuncia fue interpuesta en la Fiscalía de Atención Primaria del Ministerio Público por el abogado Alejandro Pérez, en representación de Martinelli.

La denuncia tiene su origen en el proceso penal llamado "Cobranzas del Istmo", en el cual Díaz se desempeñó como magistrado juez de garantías y Zamorano como magistrado fiscal.

Pérez indicó que la denuncia se basa en dos hechos fundamentales contra el exmandatario. "El primero radica en que la investigación hecha a Cobranzas del Istmo, y en la cual se involucró a Ricardo Martinelli, guarda relación con el hecho de que tanto Díaz como Zamorano se excedieron en el término de la investigación".

En el caso del fiscal, quien ejerce la acción penal, según Pérez, se excedió más allá de los dos meses de investigación que tenía para este caso, según el artículo 491 del Código Procesal Penal.

Mientras que el juez de garantías en este caso, el exmagistrado Díaz, fue permisivo y respaldó esta investigación fuera del término legal y "autorizó diligencias, entre ellas, un allanamiento a las instalaciones de Importadora Ricamar S.A., con la excusa de que iban a buscar los libros de contabilidad y cuando llegaron, lo hicieron con contingentes armados de la Policía Nacional con pasamontañas y armas de grueso calibre".

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Pérez añadió que además de esa acción, tampoco dejaron entrar a los abogados durante más de una hora y cuando lograron ingresar, observaron que el fiscal Abel Zamorano estaba acompañado por unos peritos informáticos, cuando la diligencia aprobada por el magistrado de garantías, era para una inspección a los libros de contabilidad de Ricamar.

Agregó que estas actuaciones se hicieron de forma violatoria porque la norma establecía dos meses de investigación para los diputados y el expresidente Martinelli era miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen), cuando se inició esta investigación.

"Es cierto que el artículo 491-A fue derogado después, pero en nuestra legislación es muy claro que las investigaciones a los diputados, así como todos los procesos una vez son iniciados con una norma legal, deben continuar con la misma hasta su culminación" puntualizó Pérez.

Precisó que eso es así porque el Código Civil lo establece con mucha claridad en su artículo 32.

El jurista reiteró que son dos situaciones las que se dieron en este caso, el incumplimiento del tiempo de investigación y el allanamiento ilegal a las instalaciones de Ricamar S.A.

"Situaciones que son denunciadas por Ricardo Martinelli Berrocal, ya que básicamente hacia él iban dirigidas esas diligencias".

El expresidente solicita una reparación económica de $10 millones por los daños causados por los exmagistrados Zamorano y Díaz .

"Nosotros lo único que estamos haciendo es evidenciar judicialmente las aberraciones que se dieron contra Ricardo Martinelli durante el Gobierno de Juan Carlos Varela", enfatizó el abogado.

Pérez indicó que esperan que la denuncia presentada contra Díaz y Zamorano sea admitida, para que se inicie una investigación y se proceda a la formulación de cargos para que se haga justicia al exmandatario Martinelli.

Otra denuncia

Por su parte, el abogado Jamis Acosta presentó igualmente ayer una querella penal en contra de Danilo Pittí, por los posibles delitos contra la seguridad económica y contra la seguridad informática.

La denuncia contra Pittí se dio toda vez que el mismo, a través de su cuenta de Twitter y en plena pandemia, aseguró que una de las sucursales del Súper 99, específicamente la de Betania, había cerrado porque se habían detectado unos 15 casos de COVID-19 confirmados, cosa que es falso.

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"Este tipo de aseveraciones atentan contra los clientes de este comercio y segundo contra la parte económica de Importadora Ricamar S.A.", expresó.

Causar perjuicios económicas a una empresa con noticias falsas se constituye en un delito penal

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