Denuncias contra adolescentes aumentaron un 4.48% en comparación al año 2023
De acuerdo a las estadísticas, las provincias de mayor incidencia son: Panamá, Chiriquí, Panamá Oeste, Bocas del Toro, Colón y el distrito de San Miguelito.
Ausencia de los padres en el hogar, uno de los factores que vuelve vulnerable a los menores. Foto: Archivo
Estadísticas del Ministerio Público revelan que hasta noviembre de 2024 se presentaron ante las Fiscalías Superiores de Adolescentes un total de 4,009 denuncias.
Un incremento del 4.48%, en comparación al mismo periodo del año 2023, cuando se recibieron unas 3,837 denuncias.
Entre las provincias con mayor cantidad de casos se encuentran: Panamá (1,031), Chiriquí (625), Panamá Oeste (583), Bocas del Toro (519) y Colón con 292.
Mientras que, el distrito de San Miguelito refleja una incidencia de 272 denuncias.
Las provincias de menor impacto son: Veraguas (191), Coclé (186), Herrera (127), Darién (100) y Los Santos con 83.
Dichas estadísticas evidencian una realidad conocida: los delincuentes se están aprovechando de la vulnerabilidad de los jóvenes para cometer actos ilegales.
Para la psiquiatra Juana Herrera, la participación de menores de edad en actos ilícitos puede deberse a dos factores, el primero, la normalización de la violencia y percepción de que en el país no existe certeza del castigo; y el segundo, la proliferación de antivalores que limitan el desarrollo intelectual y positivo de los jóvenes por miedo a ser juzgados o burlados por el resto de la población.
La especialista menciona que los valores, a lo interno de la familia, han ido desapareciendo, ocasionando que los padres estén pendientes de otras cosas y no del actuar de sus hijos.
Aspecto que para el investigador social, Gilberto Toro, convierte a los menores en blanco fáciles de los delincuentes, menciona que las estadísticas no deberían sorprender a la sociedad, ya que, también forma parte del problema.
Toro señala que no existen programas sociales para sacar a los adolescentes del ocio, pues todas las medidas ejecutadas por las instituciones estatales son temporales e inestables debido a que no llevan un proceso de seguimiento que les permita evaluar sus resultados.
En ese sentido, recalca que obviamente al no tener qué hacer y ser constantemente tentados por los delincuentes, es predecible que los menores se incorporen a bandas delincuenciales.
El investigador cuestiona el hecho de que la sociedad piense que juzgar a los menores como adultos o aumentar las penas sea una alternativa a dicha problemática, cuando debería ser todo lo contrario, pues las soluciones planteadas hasta el momento siempre han sido policivas o legales, dejando de lado la parte humana y social.
“Cuando hablamos de aumentar las penas y todo esto, es como querer meter la basura debajo de la alfombra”, afirmó.
El experto recomienda al Gobierno elaborar un plan de asistencia interinstitucional para brindar asistencia social a los adolescentes durante todo el año, no en periodos específicos