Ejecutivo crea oficina de representación legal para instituciones estatales

Las acciones penales en la que el Gobierno se constituya como querellante serán ejecutadas por la Unidad de Coordinación Legal, una oficina dentro del Ministerio de Gobierno creada mediante la Resolución No. 31 del 13 de octubre de 2025 para representar a todas las entidades públicas en dichas instancias judiciales. 

Esta unidad, según el documento, se encargará de coordinar con los ministerios e instituciones estatales la revisión y estudios de casos que requieran de la presentación de querellas dentro de las investigaciones relacionadas con delitos contra la administración pública, el patrimonio económico o cualquier otra circunstancia que afecte sus bienes.

Además, brindará asesoría sobre las distintas acciones penales que se pueden ejecutar en defensa de sus derechos como víctima, instalará una mesa de trabajo para la verificación y estudio de los casos que se presenten en el área penal y rendirá los informes correspondientes sobre los avances de los procesos. 

El Ministerio de Gobierno, por su parte, deberá disponer del capital humano necesario para llevar a cabo esta tarea, cuya asignación presupuestaria corresponderá al Ministerio de Economía y Finanzas. 

La resolución, que también ordena a los servidores públicos comunicar a la nueva unidad de todos los procesos penales en los que el Estado necesite representación legal, ha sido cuestionada por el diputado Ernesto Cedeño, quien considera que tiene “tintes de inconstitucionalidad”.

Actualmente, el Estado es querellante en el caso de los auxilios económicos del Ifarhu.