Panamá
Luego de que se declaró inconstitucional el contrato minero, hay quienes han solicitado la renuncia de los funcionarios público involucrados.
Federico Alfaro Boyd, exministro de Comercio e Industrias. Archivo
Tras el fallo de la Corte suprema de Justicia sobre el contrato minero que deja en evidencia la violación de 25 Artículos de la Constitución Política de Panamá, los firmantes de este documento podrían ser procesados judicialmente.
Por un lado están los ministros de Estado y el presidente de la República, quienes avalaron el documento, aún a sabiendas de que él mismo tenía visos de inconstitucionalidad, por lo cual los funcionarios deberían pagar el costo judicial que ello implica.
Por otro lado están los diputados de la Asamblea Nacional, quienes a pesar de todas las advertencias y llamado de diversos sectores, decidieron aprobar el contrato tal y como estaba.
Estos funcionarios de elección popular también podrían ser sometidos a procesos judiciales para que paguen por sus actos.
Si bien se sabe que tanto altos funcionarios del Ejecutivo como del Legislativo avalaron la violación a la Carta Magna, la pregunta es ¿qué pasos se deben seguir para lograr que se procesen a estas personas?
Ellos serían culpables no solo de avalar un contrato inconstitucional, sino que además las repercusiones que todo ello ha generado en el territorio nacional.
Para el abogado Roberto Ruíz Díaz, todos los actores que tuvieron que ver algo con la firma del fallido contrato, tiene algún grado de responsabilidad penal.'
45
fueron los diputados de la Asamblea nacional que aprobaron este contrato.
$5
millones aproximadamente pago el Ejecutivo en asesoría para el fallido contrato.
El letrado indicó que la figura principal es el exministro de Comercio, Federico Alfaro Boyd, porque fue quien firmó el contrato en nombre del Estado, el contralor Gerardo Solís, que lo refrendó sin la debida fiscalización para determinar que se había cumplido de buena forma con el proceso de contratación.
Algo que no se hizo, ya que se obvió la licitación, ni una excepción de acto público, con lo que ya el contralor tenía que haber parado dicho contrato.
Ruíz afirmó que la Comisión de Comercio de la AN también tiene responsabilidad, esto al pedirle al Ejecutivo que retirará y modificará el contrato, algo que se estableció en el fallo de la Corte Suprema.
También el pleno de la Asamblea que lo aprobó y luego el presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien en tiempo récord, una vez aprobado el contrato por los diputados, procedió a refrendarlo.
Ruíz recordó que en septiembre pasado, presentó una denuncia contra Solís y Alfaro, la cual en los próximos días se ampliará con la opinión que dio el procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo, en una demanda de inconstitucionalidad presentada por el mismo en septiembre pasado.
"Aquí tiene que haber responsabilidades y por eso es que no renuncian los funcionarios para que sea la Sala Segunda la que los atienda de aquí a julio del año 2024", dijo.
En cuantos a los posibles delitos incurridos, Ruíz indica que está el que establece el artículo 431 del Código Penal de Panamá.
El mismo indica: "Quien esté encargado por el gobierno de la República para tratar asuntos de Panamá con un gobierno extranjero o con empresa extranjera y traicione su mandato de manera perjudicial para los intereses públicos será sancionado con prisión de dos a seis años".
También el del artículo 425 del mismo código que dice: "Quien ejecute un acto para someter la República, en todo o en parte, a un Estado extranjero, aminorar su independencia o quebrantar su unidad e integridad será sancionado con prisión de quince a veinte años de prisión. Cuando la conducta descrita fuera realizada por un servidor público o a través de tratados, convenios o acuerdos celebrados para tales efectos, la pena será de veinte a treinta años".
Además, están los delitos de extralimitación de funciones, abuso de autoridad, entre muchos otros.
Recién, el abogado Abdiel González, presentó una denuncia contra los 45 diputados de la Asamblea, en su mayoría PRD, que aprobaron el proyecto de Ley 406 sobre el contrato entre Minera Panamá y el Estado
González añadió que en este contrato hubo abuso de autoridad y violación a la Constitución, delitos que incluso involucran al presidente Cortizo.
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