Extinción de dominio, una ley 'peligrosa y grave'

Aprobar la ley de extinción de dominio en Panamá, promovida por las autoridades como la solución para acabar con la delincuencia y el crimen organizado, sería "peligroso y grave", ya que se convertiría en una herramienta de persecución política que usarían fiscales contra quienes no les cae bien, manifestó el abogado y catedrático universitario, Miguel Antonio Bernal.

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Agregó que esto sería como darle una "espada de Damocles" a los fiscales, que va a ser aprovecharse para perseguir a quien no les cae bien tanto a ellos cómo al Gobierno.

Los señalamientos de Bernal surgen en medio de los cuestionamientos hechos al Ministerio Público (MP), entidad señalada de contar con fiscales que alteran pruebas, avalan informes falsos y le dan crédito a testigos protegidos que mienten.

El jurista resaltó que aprobar esta ley sería "nefasto" y todavía no entiende cómo en Panamá hay gente que guarda silencio ante esta pretensión.

"Todavía no entiendo cómo un montón de diputados se prestaron para irse a Colombia con lo gastos pagos que le hizo la embajada gringa, a estudiar esa ley, una cosa es Colombia y otra es Panamá. Todos vinieron hablando bellezas de la ley, hay que preguntarles que beneficios tendrán por eso", explicó.

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Bernal reiteró que esta ley de extinción de dominio ataca principios fundamentales y básicos de un Estado de Derecho, como lo son la presunción de inocencia, el debido proceso, el respeto a la propiedad privada, la no retroactividad de la ley, entre muchos otros.

Agregó que bajo la excusa de perseguir el delito que cometan los narcotraficantes y otros, dejan al resto de la ciudadanía sin esos derechos y garantías, "ese es el problema fundamental de esta ley".'

94

artículos contiene el proyecto de ley con que se busca aprobar la extinción de dominio.

11

capítulos tiene el proyecto sobre la extinción de dominio, promovido por el Gobierno.

"Creo que todo panameño que se respeta quiere que se combata el crimen, a pesar de que estamos dominados por una empresa criminal conjunta que es la que Gobierna, pero lo que no puede ser es permitir que nos cercenen nuestras escasas garantías", dijo.

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Enfatizó que está ley fue hecha en inglés, en Estados Unidos, la cual se le entregaron al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino y que la misma fue traducida de mala manera, con errores de castellano y "no las quieren imponer en Panamá, para satisfacer las necesidades de la DEA".

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Recordó que recientemente la Corte de los Estados Unidos falló en contra de ese tipo de leyes que cercenan derechos y garantías fundamentales.

Arma de persecución

Quién también reaccionó a este tema fue el exfiscal del Ministerio Público, Ángel Calderón, el cual señaló que esta ley como está siendo presentada la convierte en un instrumento, que en el desarrollo jurídico muy "insipiente" que hay en Panamá, puede prestarse como un arma de persecución para fiscales y políticos.

"Esto lo digo porque imagínate que mañana o pasado llegue al poder otro Juan Carlos Varela", expresó el jurista.

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Agregó que con esta ley se está creando una jurisdicción especial, en la cual antes de juzgar a una persona ya la están condenando, "con una llamada anónima se le puede abrir una investigación a una persona para que justifique todos los bienes que tiene".

Añadió que esta ley puede ser un propio peligro para los que hoy la promocionan y reiteró que en Panamá no se necesita una ley de extinción de dominio para quitarle los bienes a los delincuentes, ya que existe la figura del secuestro.

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Puntualizó que en los países en los cuales han implementado la extinción de dominio no ha funcionado y no ha acabado con el crimen organizado.