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Judicial / Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada cuestionada en caso de armas ilegales seguido a Sergio Davis

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Armas / Kevin Moncada / Ministerio Público / Panamá / Sistema Penal Acusatorio

Judicial

Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada cuestionada en caso de armas ilegales seguido a Sergio Davis

Publicado 2020/11/12 00:00:00
  • Luis Ávila
  •   /  
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  •   /  
  • lavila@epasa.com
  •   /  

Se cuestionó la falta de imputación dentro de un caso que tiene más de un año de iniciado en la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada.

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El abogado Kevin Moncada Luna a su salida ayer del Sistema Penal Acusatorio por el caso de presunto tráfico de armas. Víctor Arosemena

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La jueza de garantías Teodolinda Cardoze cuestionó a la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada por no haber realizado imputaciones en el caso de armas de fuego presuntamente ilegales encontradas en una agencia de seguridad allanada hace más de un año.

La fiscalía mantiene un proceso abierto contra Sergio Davis Riera, desde el 26 de septiembre del año 2019, luego de que en un allanamiento a una empresa de seguridad en Parque Lefevre, a la cual está vinculada, se encontraron 48 armas sin permisos.

"La audiencia realizada se trata del caso en el cual se encontraron 48 armas de fuego sin permiso en una agencia de seguridad que era usada como fachada para guardarle armas de fuego a bandas delincuenciales en Panamá", dijo el abogado Kevin Moncada.

Agregó que la jueza Cardoze también le llamó la atención a la fiscalía, aduciendo que la reserva del sumario decretada dentro de este expediente, era "ilegal" y con la cual se le impidió a los abogados poder revisar el estatus del expediente.

"La juez le indicó a la fiscal que ellas tienen que pedir la reserva del expediente a un juez de garantías", sentenció Moncada.

De acuerdo con el abogado, la excusa presentada por la fiscalía para justificar la demora dentro de la investigación, fue que la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) no les ha contestado unos informes.

"Ante estos argumentos dados por la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada, la juez Cardoze le indicó a la fiscal que la ley le da a ella las herramientas para que pueda pedirle a la DIASP que se apure en responder con lo solicitado en la investigación. No hay excusa, ya ha pasado demasiado tiempo", explicó.'

48


armas, supuestamente ilegales, fueron encontradas dentro de un allanamiento en Parque Lefevre.

100


mil dólares solicitó como resarcimiento económico Mayté Pellegrini.

Moncada Luna agregó que acudirá a revisar el estatus de dicha carpeta, toda vez que la jueza enfatizó que la reserva que tenían era ilegal y "que la comunidad alrededor de este lugar, en el cual se guardaban estas armas de fuego de forma ilegal, tiene el derecho a conocer los avances dentro de dicha investigación".

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De acuerdo con información obtenida, se conoció que Sergio Davis había pedido a la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada la reserva sobre el expediente que se le lleva por este proceso.

El abogado Kevin Moncada dentro de este proceso representa los intereses de Mayté Pellegrini Puerta, quien recientemente se convirtió en querellante coadyugante en la investigación que adelanta la fiscalía contra Sergio Davis Riera, por los supuestos delitos de posesión ilegal de armas y contra la seguridad colectiva.

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En su momento, la querellante manifestó que el hecho de que Davis Riera mantuviera tal cantidad de armas ilegales en un local cercano a su residencia, puso en peligro no solo la seguridad colectiva, sino también la vida de ella.

El defensor dentro del escrito donde se constituyeron como querellantes, señaló que la vida de Pellegrini estuvo en peligro, pues ese lugar pudo haber sido objeto de un asalto (tumbe) de delincuentes, donde pudo haberse efectuado intercambios de disparos que pudieron afectar su integridad física. Algo que la puso en peligro y la convierte en víctima.

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Entre los elementos de convicción y para probar su cercanía al lugar donde se guardaban las armas, la querellante presentó un certificado del Registro Público, en el cual se deja constancia de que la misma vive en un apartamento en Parque Lefevre, cerca al lugar donde se encontraban las armas decomisadas.

Como resarcimiento económico, la querellante coadyugante solicitó la suma de $100 mil.

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