Panamá
La defensa sostiene que la fiscalía no quiere que la población sepa cómo el gobierno de Juan Carlos Varela manipuló al testigo protegido en este caso.
La defensa de Ricardo Martinelli cuestiona la decisión del Tribunal de Juicio Oral de impedir que se divulgue testimonio del testigo protegido. Víctor Arosemena
El Ministerio Público (MP) bloqueó que el pueblo panameño conozca la verdad en la farsa montada contra el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal en el juicio oral por los supuestos pinchazos telefónicos, manifestó ayer el abogado Alfredo Vallarino.
Las declaraciones de Vallarino se dan luego de que la fiscalía solicitó que el testimonio del testigo protegido fuera reservado, petición que fue aceptada por el Tribunal de Juicio.
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"La petición de la fiscalía es que ustedes no conozcan la verdad, esa es la realidad, han pedido bloquear el juicio y han tratado, con mala suerte porque el Tribunal dijo que después que se tenga sentencia se pueden publicar los vídeos, y se van a publicar, porque nosotros queremos que el país conozca exactamente todo lo que se declara aquí", indicó el jurista.
Vallarino agregó que la molestia de la fiscalía ha sido que se ha dado a conocer lo que está pasando dentro del juicio, "no se leyeron la Constitución, no se leyeron los tratados internacionales que hablan de juicio público".
Añadió que los juicios internacionales son públicos. "Qué esconden, si ellos supuestamente tienen las pruebas contra Ricardo Martinelli, que permitan que las vea el país, nosotros hemos peticionado, varias veces mi representado ha pedido que el juicio sea público", dijo el defensor.
El también presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá (AAPP) sostuvo que hoy se presentará en el juicio al testigo protegido, "el cual ha cobrado cerca de un millón de dólares, desde que dio sus declaraciones iniciales y al cual le subieron 15 veces más su salario y eso es lo que la fiscalía no quiere que se conozca, la fiscalía no quiere que se conozca que los archivos que esta persona trajo estaban hechos por Rolando López, razón por la cual, la fiscalía no ha presentado una sola evidencia digital en el juicio, porque son cobardes a la opinión pública, aquí vinimos a dar la cara".
Por su parte, el expresidente Martinelli indicó que así como al testigo protegido se le dio dicha medida de protección, que se la dieran a él también.'
"Esto obliga a ceñirse a lo que establece ese manual en cuanto a la importancia de la preservación, el procesamiento y el análisis de la evidencia digital. Ninguno de esos protocolos se siguió", aseguró Sittón. También recordó lo que reveló el miércoles Scott en su comparecencia en el juicio oral, de que no había "absolutamente ningún tipo de evidencia" que vincule a Martinelli con la interceptación o seguimiento ilegal contra alguna persona. "Esta es otra derrota que sufre la fiscalía, pero que nunca se lo van a decir a ustedes", enfatizó Sittón.
"Este es un señor que ya testificó en el juicio anterior y se supo que Rolando López fue el que hizo todo esto y estoy seguro que va a mentir y por eso no quieren que sepa la verdad, pero la verdad se va a saber", señaló el exgobernate.
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Para el año 2014, cuando se iniciaron las primeras diligencias en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos seguido a Ricardo Martinelli, estaba vigente el manual de cadena de custodia del año 2012, algo que fue corroborado ayer en el juicio por el perito Gustavo Scott, capitán de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.
Esta afirmación de Scott representa una nueva derrota para la fiscalía y los querellantes, debido a que estos indican que para cuando se hicieron las primeras diligencias por el caso de los supuestos pinchazos, este manual no estaba vigente.
Durante el contrainterrogatorio, el abogado Sidney Sittón, defensor de Martinelli, cuestionó al perito sobre esto y él mismo indicó que dicho manual sí estaba vigente y era de estricto cumplimiento para los funcionarios y particulares.
Hay que indicar que la cadena de custodia es el conjunto de medidas que deben adoptarse para preservar la identidad e integridad de objetos o muestras que pueden ser fuente de prueba de hechos posiblemente delictuosos, para su total eficacia procesal. Algo que a todas luces en el proceso seguido a Martinelli no se hizo.
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