Hospitales sin terminar, una lesión para el Estado

Bugaba, Metetí, Colón y Panamá Norte llevan más de una década esperando que se concluya la construcción de sus hospitales, producto de la desidia de los dos últimos gobiernos.

La construcción de estos hospitales se inició en la administración de Ricardo Martinelli, pero 10 años después, las estructuras se siguen deteriorando, ante la inoperatividad de las autoridades de turno.

En el caso específico de los hospitales de Bugaba y Darién, los mismos se encuentran totalmente paralizados, mientras que el de Colón, la construcción se retomó recientemente.

El costo original de esta obra en la Costa Atlántica, que fue suspendida cuando presentaba 64% de avance, fue de $173 millones y, ahora, con su reactivación, se ha elevado a $270 millones, si se incluye el financiamiento del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios.

En tanto, el hospital de Panamá Norte ni siquiera ha sido gestionado por las actuales autoridades.

Expertos indican que retomar estas obras paralizadas, que hubiesen sido de gran ayuda en medio de la pandemia de la covid-19, costará millones al Estado.

Ya hay un precedente con la Ciudad de la Salud, que fue paralizada en el gobierno de Juan Carlos Varela y para que la actual administración la concluyera tuvo que costear cerca de 1,000 millones de dólares más, ya que la obra inicial estimó en 500 millones de dólares.

A estos hospitales, que aún no han sido culminados, se le suman algunos centros de salud, policlínicas y Minsa-Capsi, que de igual forma se encuentran en total abandono.

Tal es el caso del Minsa-capsi de Puerto Caimito, en el distrito de La Chorrera, que está casi terminado y los dos últimos Gobierno no se han interesado en hacer las gestiones para abrirlo.

Esta unidad de salud ha sido víctima de los delincuentes, quienes se han robado el cableado y parte del mobiliario como sillas, congeladores, equipos médicos, entre otros.

Otro caso es el de la Policlínica de Aguadulce, cuya licitación está suspendida por un reclamo de una empresa, el cual fue aceptado por la Dirección de Contrataciones Públicas, que instruyó a la Comisión Evaluadora que haga las correcciones para retomar con este acto público.

Mientras que el Hospital Anita Moreno, de Los santos, fue entregado parcialmente y parte de la obra civil que está sin concluir se está deteriorando.

Posibles delitos

Para el exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Alfonso Fraguela, las obras que han quedado paralizadas por los diferentes gobiernos, se enmarcan dentro de los delitos contra la administración pública, ya que las mismas fueron desarrolladas por parte del Estado.

"El no haber cumplido con la realización de las mismas, trae como consecuencia de tipo penal y lo apropiado frente a situaciones como esta, sería presentar las actuaciones legales pertinentes a fin de responsabilizar y que estas personas que no han terminado las obras y que ejercieron y ejercen cargos públicos también enfrenten la justicia", comentó.

El Artículo 356 del Código Penal de Panamá dice: El servidor público que, ilegalmente, rehúse, omita o retarde algún acto propio de su cargo será sancionado con prisión de seis meses a un año o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.

El letrado añadió que esto lo dice porque la función que debe seguir un servidor público, está enmarcada dentro de lo que es ser un buen padre de familia.

"La administración pública tiene que ser ejecutada como lo haría esa persona con sus propios recursos", afirmó.

Por su parte, Fernando Castañeda, presidente de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss), aseveró que en Panamá hay una pésima aptitud para darle salud a los panameños, algo se correlaciona con una mala planificación.

"Cada hospital, cada Minsa Capsi abandonado, con piezas y equipos dañados, son ejemplos de la desidia, una mala gestión y el poco importa con la salud de los panameños", dijo.

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