Panamá
A través del procedimiento excepcional, Vidatec S.A., empresa vinculada a Denisse Vega, mencionada en este caso, le ofreció a mediados del año pasado al Gorgas pruebas para detectar la covid-19.
El Ministerio Público (MP) le pidió al Instituto Conmemorativo Gorgas que analice qué tipo de sustancia fue inoculada en la vacunación clandestina realizada en Coco del Mar, sin embargo esta institución ha mantenido una relación comercial con la empresa Vidatec S.A., una de las mencionadas en este escándalo.
A través del procedimiento excepcional, Vidatec S.A., empresa vinculada a Denisse Vega, mencionada en este caso, le ofreció a mediados del año pasado al Gorgas pruebas para detectar la covid-19.
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Dicho contrato fue por unas 11 mil 400 pruebas para la detención cualitativa de RNA de Sars-CoV-2 y el mismo fue por la suma de 99 mil 180 dólares.
Estas 11 mil 400 pruebas venían distribuidas dentro de 57 kits que contienen cada uno 200 elementos para detectar el virus de la covid-19, según se detalla en la contratación.
El precio por unidad de estas pruebas, según el contrato, fue de $8.70.
Dichas pruebas son en muestras de hisopado nasofaríngeno con un límite de 10 copias y se incluye algunos componentes como controles internos, positivos, negativos, etc.
Hay que indicar que dicho contrato fue refrendado por la Dirección de Contrataciones Públicas, el 6 de agosto del año 2020.'
6
de agosto del año 2020, la Dirección de Contrataciones Públicas aprobó el contrato.
99
mil 180 dólares fue el monto del contrato entre el Gorgas y la empresa Vidatec S.A.
Dentro de la empresa Vidatec S.A., que tiene como presidente al exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Alberto Alemán Zubieta, Denisse Vega, quien es defendida por el exmagistrado Jerónimo Mejía, aparece como directora secretaria.
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Según se ha podido conocer, la empresaria Vega rindió una entrevista y declaración de hecho en las oficinas de la Procuraduría General de la Nación en Ancón, según lo anunció el propio procurador encargado, Javier Caraballo.
Vega, a diferencia de algunos expresidentes, exfuncionarios y empresarios que han enfrentado algunos procesos en la Fiscalía Especial Anticorrupción en Avesa, fue beneficiada con un trato especial o VIP, al permitírsele ser entrevistada en Ancón, donde no pudo ser cuestionada por los medios de comunicación.
Este hecho causó molestia entre algunos abogados litigantes, sobre todo por la forma en que son tratados tanto Vega como Mejía.
Como una "desafortunada actuación", calificó el abogado Guillermo Cochez los planteamientos del procurador Caraballo, en el caso de la empresaria Vega.
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"La actuación del procurador no ha sido afortunada. Pareciera más que un investigador de delitos, un abogado defensor de uno de los implicados. Por eso la gente se cabrea más, porque llega a la conclusión de que la justicia es ciega cuando de poderosos se trata", explicó el jurista.
Por su parte, Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), indicó: "Impunidad de rebaño, eso es lo que percibe la población panameña, frente a los actos cuestionados con respuestas absurdas que rayan en la incredulidad".
Agregó que: "El Caso de las vacunas, y las bolsas de comida se suman a debilitar la gestión de gobierno. La política y los manejos cuestionados reflejan que no habrá resultados distintos, hasta que otro gobierno asuma el poder".
En tanto, el infectólogo Xavier Sáez Llorens indicó estar decepcionado ante los escándalos que han surgido en torno al proceso de inmunización contra la covid-19 y advirtió sobre represalias que podría tomar la farmacéutica Pfizer, si no se aclara el tema de la vacunación clandestina.
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Agregó que si esto no se aclara y Pfizer toma represalias, sería algo decepcionante para el país.
Agregó el experto que estos escándalos afectan la reputación del país y del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), además que el proceso de vacunación contra la covid-19 se ha politizado.
Sáez Llorens añadió que sin lugar a dudas la vacunación contra la covid-19 se ha politizado, algo que de alguna manera le quita credibilidad y manejo ejecutor al Programa Ampliado de Inmunización (PAI).
Pedro Meilán, abogado que representa al Ministerio de Salud, señaló que las personas que obtuvieron las ampolletas y quienes se pusieron en contacto con ellas dentro de la vacunación clandestina, no están exentas de responsabilidad y deberán responder ante las autoridades.
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