Panamá
La jueza tercera liquidadora, Baloisa Marquínez, se acogió al término de ley para decidir a quienes les da un sobreseimiento y a quienes llama a juicio.
Baloisa Marquínez, jueza tercera liquidadora de causas penales. Víctor Arosemena
Luego de culminada la audiencia preliminar por el caso Odebrecht, la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, "no la tiene nada fácil", así lo manifestó la abogada defensora Gladys Quintero.
La letrada agregó que la jueza tiene una ardua labor de revisión de un expediente complejo, extenso.
"Yo creo que el Ministerio Público no quedó muy bien parado en su argumentación sobre el delito precedente, delitos de vinculación en blanqueo de capitales", dijo.
Quintero, quién defiende al empresario José Álvarez Porta, señaló que el Ministerio Público (MP) no logró más allá de toda duda razonable, demostrarle a la jueza que los hechos que trajo para llamar a juicio tanto a su representado, como a los otros 49 imputados, no se configuran con lo que establece la norma en el Código Judicial.
Dentro de la audiencia del caso Odebrecht, de forma unánime los abogados defensores le indicaron a la jueza Marquínez, que la Fiscalía Anticorrupción, imputó a sus clientes por el supuesto delito de blanqueo de capitales de un delito precedente de un soborno internacional.
Sin embargo, los letrados explicaron que para que este delito se configure, lo que se tenía que dar era que un funcionario público panameño tenía que sobornar a un extranjero, algo que según ellos, en este caso no se dio.
Esto porque las donaciones que recibieron, en su gran mayoría se dieron cuando los mismos no eran funcionarios públicos, por lo que no se puede hablar de un supuesto delito de soborno internacional. '
49
personas naturales fueron investigadas dentro de este proceso legal.
12
de septiembre pasado, inició en la Corte Suprema de Justicia inicio la audiencia.
Otro de los aspectos en que la gran mayoría de los abogados coincidieron, fue en la forma cómo este expediente se armó cuando estaba en manos de las fiscales anticorrupción Tania Sterling y Zuleyka Moore.
De forma puntual, los letrados indicaron que dentro de está investigación se excluyó a muchas personas y que quienes tenían que estar en la audiencia dando la cara y explicándole al país todos estos temas, eran Moore y Sterling.
El abogado Alejandro Pérez, indicó que otro punto, es que dentro de la audiencia aprehendieron Catalán, Inglés y el idioma Chino, pues la fiscalía leyó documentación en esos idiomas, algo que es ilegal, pues la norma dice que todos documento que esté en una lengua que no es en español, debe ser traducido y apostillado en Panamá.
Explicó que otra situación dentro del caso, es el escarnio público que han sufrido las personas imputadas, sus cuentas bancarias han sido cerradas y salen a la calle y los señalan como si fueran unos delincuentes, solo por estar en el caso Odebrecht.
"Todo este caso en una basura jurídica, armado por las fiscales Zuleyka Moore y Tania Sterling, bajo el asesoramiento de la exprocuradora Kenia Porcell. Yo pensé que el 30 de junio de 2019, cuando salió Juan Carlos Varela, yo me imaginaba que esto iba a parar, pero resulta ser que las nuevas autoridades han seguido con la misma basura jurídica", aseveró.
Por su parte, el abogado Roniel Ortiz, manifestó que otra cosa que se pudo descubrir dentro de la audiencia preliminar, fue que el testigo protegido de la Fiscalía fue el brasileño Rodrigo Tacla Duran, él cual según el letrado dio una información que no cuenta con sustento jurídico.
Ortiz reiteró que este es un proceso político.
"Ricardo Martinelli es un perseguido político y la única intención de todo este proceso, es evitar que corra en las elecciones generales del año 2024".
Puntualizó el abogado que para lograr este objetivo, no les importa "ensuciar" el sistema de justicia panameño.
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