Panamá
El equipo legal de Ricardo Martinelli comentó que la jueza Marquínez debe ser independiente a la hora de tomar la decisión de este caso.
Abogados indican que la jueza Marquínez debe tomar una decisión ajustada a derecho y alejada de cualquier tipo de presión. Víctor Arosemena
La jueza segunda liquidadora de Causas Penales de Panamá, Baloisa Marquínez, no puede dejarse influenciar por presiones mediáticas o factores externos a la hora de decidir el caso New Business (NB), así lo manifestó el equipo legal del candidato presidencial por el Partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli.
Contrario a esto, indicaron que la jueza debe ser independiente a la hora de tomar una decisión dentro de este proceso legal.
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De ser condenado, a Martinelli se le estaría violentando sus derechos y garantías fundamentales.
De acuerdo con los defensores, la jueza está obligada a aplicar el Principio de Independencia e imparcialidad. Con base en esto, manifiestan que el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 6 del Código Procesal Penal, son claros en establecer que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez independiente e imparcial.
Ante esto, la jueza Marquínez está en la obligación convencional y procesal de tomar una decisión en derecho y no dejarse influenciar mediáticamente.
Agrega el equipo legal que el Estado panameño tiene la obligación constitucional de acatar las normas del derecho internacional.
"Nuestro país es suscriptor de un convenio bilateral con los Estados Unidos, que establece el carácter obligatorio de que el extraditado, solo será juzgado por aquellos supuestos delitos por los cuales fue solicitado. El señor Martinelli solo fue extraditado por el proceso conocido como pinchazos", indican.'
32
es el numero del artículo de la Constitución que habla sobre el debido proceso.
17
es el número de la Constitución que habla sobre las garantías fundamentales.
Hay que recordar que, por este proceso, Martinelli fue llevado dos veces a juicio y en ambas ocasiones fue declarado inocente o no culpable.
En otro aspecto, los defensores hacen referencia al debido proceso al que debe ser sometido el candidato Martinelli, esto como garantía de ser juzgado conforme a los trámites legales.
"En el caso New Business se investigó a Ricardo Martinelli vulnerando los trámites procesales correspondientes, lo que ha ocasionado una afectación a sus derechos fundamentales, los cuales están consagrados en el artículo 32 de la Constitución".
En cuanto a la Tutela Judicial Efectiva, los defensores indican que ese es un derecho que tiene todo individuo a que la autoridad jurisdiccional (juez de la causa), al momento de decidir, le asegure y salvaguarde todos sus derechos y garantías constitucionales y legales.
"Es un mandato constitucional que la jueza de la causa salvaguarde todos los derechos y garantías del candidato presidencial Ricardo Martinelli, los cuales están consagrados en el artículo 17 de la Constitución Nacional", comentan.
El equipo legal del expresidente también afirma que, basándonos en el principio de eficacia, la jueza Marquínez tiene el deber de subsanar las actuaciones irregulares que se han cometido dentro de este proceso legal.
Recordaron que el propio tribunal de la causa estableció que Ricardo Martinelli estaba amparado por el Principio de Especialidad desde el 11 de junio de 2018 hasta el 17 de febrero de 2020, razón por la cual es necesario que la juzgadora aplique los efectos de esta pretermisión procesal y subsane al declarar la nulidad de todo lo actuado durante este periodo.
Los juristas también hacen referencia al principio de congruencia, por lo cual Martinelli tiene derecho a que la jueza sea congruente en sus decisiones, ya que ha quedado planteado a través de un fallo de ella misma que el candidato presidencial estaba amparado por la especialidad de junio de 2018 a febrero de 2020.
"No puede la jueza ir ahora en contra de sus actos propios y no aplicar el efecto que deviene de su actuación en la resolución del 9 de marzo de 2021, que en el caso New Business, es la nulidad absoluta", afirman.
Los defensores reiteran que, si Ricardo Martinelli es condenado, se violentarían todas las normas de rango convencional suscriptas por Panamá, lo que conllevaría una sanción para el Estado, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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