Ley de extinción de dominio, sin futuro en Panamá

El proyecto de extinción de dominio tal como está planteando en estos momentos, no tendría ningún futuro de convertirse en ley de la República, así lo manifestó el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz.

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Agregó que en estos momentos, el proyecto simplemente está destinado a que ni siquiera llegue a un primer debate en la Asamblea Nacional (AN).

"No tendría ningún futuro por lo que abarca, ya que lo que abarca todavía tiene debates muy controvertidos que no logran consenso para decir que estamos en la proximidad de la creación de una nueva figura del Derecho que vendría a romper el esquema del entendimiento jurídico y por eso la figura como está planteada todavía no tendría posibilidades de convertirse en una ley".

Araúz indicó que a su juicio la figura de la extinción de dominio tendría relevancia solo para dos tipos de delitos: narcotráfico y delincuencia organizada, pues para el resto de delitos entra en una serie de contradicciones políticas.

Añadió que el sistema de justicia panameño en las jurisdicciones que cuenta ya tiene dificultades.

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"Si las jurisdicciones que cuenta ya tiene dificultades operan con tropiezos, usted no puede crear algo nuevo pensando que va a entrar a funcionar en un sistema que tiene efectos y que va a funcionar de forma aislada, es decir, cada vez que se habla de sistema de administración de justicia debemos ver la integralidad de todos los temas", enfatizó.

Explicó que cuando se generan tribunales de esa naturaleza, se está creando una jurisdicción que es sumamente compleja en el entendimiento de que se necesitan recursos y una serie de herramientas.'

11

capítulos tiene el proyecto sobre la extinción de dominio que buscan aprobar las autoridades.

94

artículos contiene el proyecto de ley con que se busca aprobar por el ministro de seguridad.

"Por eso yo vería que la figura de la extinción de dominio debería de verse reservada para los delitos de narcotráfico y crimen organizado, para que eso permita un diálogo que disminuya las tensiones que pudieran existir en el resto de delitos y las contradicciones que existen desde el punto de vista jurídica", puntualizó el jurista.

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Reiteró que cuando se habla de delitos de narcotráfico quizás toda la sociedad estaría de acuerdo en que deben de ser combatidos, sin embargo, pero si se habla de los delitos de corrupción se va a incorporar al debate político.

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"El debate de los delitos de corrupción en los últimos 10 años en el país ha estado inmerso en la vida política del país, siendo este el principal detonante que hay en torno a la ley de extinción de dominio", explicó el experto.

Quien también reaccionó a este tema, fue el catedrático universitario y abogado, Miguel Antonio Bernal, el cual denunció que se buscaría aprobar este proyecto en sesiones extraordinarias de la AN.

"Informan que (Juan Manuel) Pino y el Gobierno, asistidos por la DEA se preparan para llamar a los diputados a sesiones extraordinarias, para imponer la aprobación de la ley que guillotina una decena de garantías fundamentales, so pretexto de combatir el narcotráfico. Mucha atención!!", escribió Bernal en sus redes sociales.

Por su parte, Crispiano Adames, presidente de la Asamblea Nacional reaccionó a este tema e indicó que no han sido convocados a sesiones extraordinarias por parte del presidente de la República, Laurentino Cortizo.

"No he recibido ninguna comunicación al respecto. Creo que el proyecto de ley de extinción de dominio está en subcomisión. La Comisión de Gobierno surtió un foro nacional en donde la diputada Corina Cano, quien la presidió debe rendir un informe ante la Comisión de Gobierno e iniciar el proceso de discusión de la misma, en julio próximo", planteó.

En su momento, Alfredo Vallarino Alemán, presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas (APAP) dijo que el proyecto de ley de extinción de dominio es inconstitucional y peligroso.

Esto porque atenta contra parámetros constitucionales sobre la no confiscación de bienes, un tema que está prohibido.

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"Este es un proyecto de ley que no tiene sustento porque actualmente todas las leyes en materia criminal facultan para poder incautar los bienes que deriven del delito, es decir, esto es un invento que las autoridades dicen que necesitan para poder pelear contra el crimen organizado", explicó.

Con la ley como esta, una persona puede salir inocente de un proceso penal, e incluso, ni siquiera estar vinculada a un caso de este tipo y le pueden mandar a quitar todos sus bienes, han denunciado diversos abogados del país.

Otra de las irregularidades que tiene este proyecto de ley, es que no define cuáles son los delitos graves que permite investigar, algo que ha sido considerado como peligroso.

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