Martinelli se someterá a exámenes para demostrar fallas de los magistrados

El expresidente de la República Ricardo Martinelli está dispuesto a someterse a exámenes psicológicos y psiquiátricos, por conducto del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para demostrar las afectaciones causadas a nivel personal, familiar, patrimonial y económico, durante el proceso de los supuestos pinchazos telefónicos, por el cual fue declarado no culpable, no obstante, estuvo detenido por dos años.

La solicitud por parte del exmandatario consta en la querella penal y civil, que fue interpuesta ayer ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional (AN), contra los magistrados de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Harry Díaz y Jerónimo Mejía.

La querella se fundamenta con base en la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de poder e infracción de los deberes de los servidores públicos.

Ambos magistrados fungieron como juez de garantías (Mejía) y fiscal (Díaz) en el proceso que se le siguió a Ricardo Martinelli cuando el caso era competencia de la CSJ; sin embargo, el pasado 9 de agosto fue declarado no culpable.

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El hecho punible fue cometido en el país entre el 25 de junio al 26 de noviembre de 2018, por medio de las acciones emprendidas durante la fase intermedia de los magistrados.

El abogado del exmandatario, Luis Eduardo Camacho G., manifestó que la querella penal está basada en dos dictámenes. El primero emitido por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, el cual concluyó "que la privación de libertad de Ricardo Martinelli era arbitraria, por cuanto contravenía los artículos 9, 10, 11, 19 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14, 19 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".'

Está basada en la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

Según el artículo 355, de comprobarse la comisión del delito, los magistrados podrían ser penalizados con uno o dos años de prisión o su equivalente a días multas o arresto de fines de semana. De igual manera, según el artículo 356, también podrían ser sancionados con prisión de seis meses a un año o su equivalente a días multas o arresto de fines de semana.

El pasado 9 de agosto, el Tribunal de Juicio declaró no culpable a Ricardo Martinelli.

El dictamen internacional emitido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitaria, determinó en primera instancia la existencia de situaciones que violentaban de forma directa disposiciones internacionales que han sido suscritas y ratificadas por Panamá, cuya responsabilidad son atribuibles de forma directa a los magistrados Jerónimo Mejía y Harry Díaz, quienes con su actuar impidieron que Ricardo Martinelli pudiera ejercer su derecho de defensa de forma efectiva, y contar con un juicio justo.

Y el segundo dictamen, está basado en la decisión de no culpable del Tribunal de Juicio, el cual fue emitido el pasado 9 de agosto.

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La querella también destacó, que durante el juicio oral celebrado del 12 de marzo al 8 de agosto de 2019, el Tribunal de Juicio dejó en evidencia otras actuaciones cometidas en la fase intermedia en donde actuaron los magistrados, que conllevaron la diáfana infracción de las garantías fundamentales de Martinelli, como fue impedirle el acceso a la evidencia material y digital, que se debió garantizar durante la fase intermedia que concluyó el 26 de noviembre de 2018.

En este sentido el jurista aseguró que "ambos tribunales analizaron el papel que jugó el magistrado de garantías, Jerónimo Mejía, y el papel del magistrado fiscal, Harry Díaz, cuando le negaron a Ricardo Martinelli y a su defensa el acceso a las pruebas, es decir, no se permitió conocer la identidad del testigo protegido, que ya después todos nos dimos cuenta ¿por qué? Era una persona premiada y que había sido enviada al exterior a ganar más de $8 mil a cambio de lo que hizo".

Tras el acceso a los testigos, concedido por parte del Tribunal de Juicio, el equipo legal de Martinelli demostró, que las pruebas eran manipuladas y controladas por Rolando López, Jacinto Gómez y el expresidente Juan Carlos Varela, desde el Consejo de Seguridad.

Camacho G. aseguró que hasta la fecha Rolando López no ha sido investigado por su autoría en las intervenciones telefónicas, y que ha quedado en evidencia el encubrimiento de estos dos magistrados.

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Querella

Ricardo Martinelli aseguró que no se puede permitir que los magistrados querellados continúen impunes, aplicando la ley, condenando a inocentes y no condenando a los culpables.

"Si a mí me han violado todos mis derechos, han violado la ley y la Constitución, qué no le harán al resto de los panameños", dijo Martinelli.

De igual manera, el exmandatario le atribuye a los dos magistrados el deterioro de la administración de justicia en el país.

Reparación civil

En cuanto a la reparación civil y la cuantificación del perjuicio ocasionado, la defensa de Ricardo Martinelli fijó de manera provisional el pago de $5 millones por parte de cada uno de los querellados, haciendo un total de $10 millones.

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