Ministerio Público debe investigar 'espionaje clandestino'

El Ministerio Público (MP) está obligado a abrir una investigación, luego de que se conociera sobre la supuesta existencia de una red de espionaje clandestino, afirmó el abogado penalista, Sidney Sittón.

El jurista añadió que el MP debe corroborar todos los hechos y la vinculación de los mencionados dentro de esta supuesta red de espionaje y pedir la inmediata detención provisional de cada uno de ellos.

"Urge que la fiscalía ordene actos de investigación tales como: incautación de computadoras, celulares, dispositivos de almacenamiento de datos, allanamientos e interceptación de comunicaciones de los involucrados", puntualizó.

Sittón agregó que las autoridades deben solicitarle al Buró Federal de Investigaciones​ (FBI), que los ayude a rastrear todos los implementos y dispositivos utilizados en la comisión de los supuestos ilícitos cometidos por esta red ilegal de espionaje.

Las declaraciones de Sittón se dan luego de que se conociera sobre la existencia de un informe del Consejo de Seguridad Nacional, en el cual se señala que el exdirector de la Policía Nacional, Omar Pinzón, estaría al frente de una red de espionaje clandestino que opera a favor de intereses afines al expresidente Juan Carlos Varela.

Para el exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, esta información es muy "delicada y compleja", por lo que siente que frente a la misma lo procedente es ponerla en conocimiento del Ministerio Público, con el fin de iniciar las investigaciones.

"El escenario que refleja esta información es que hay un red paralela al estamento de seguridad del Estado, adscrito a la Presidencia de la República, que en esta ocasión recae en la figura del presidente Laurentino Cortizo, y el equipo de seguridad del Estado", puntualizó el jurista.'

2014

al 30 de junio, Juan Carlos Varela se desempeñó como presidente de la República.

2

de enero del año 2020, fue destituido de las filas de la Policía Nacional, Jacinto Gómez.

Fraguela agregó que lo importante en este tema, es confirmar si en efecto existe o no esa red de supuesto espionaje ilegal y cuál sería el objetivo de desestabilizar a la actual administración gubernamental.

"Son interrogantes que nos hacemos, cuando situaciones como estas pudieran estar dándose, y que lo único que se buscaría sería tener material para negociar algo que desconocemos qué pueda ser. Podría ser los casos que adelanta el Ministerio Público contra exadministradores de la Cosa Pública, para negociar acuerdos o archivos de expedientes que se siguen adelante, eso no lo sabemos", expresó.

El abogado añadió que lo cierto es que ante estos hechos, la información tiene un poder que en manos incorrectas podría configurarse en un delito.

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"Las autoridades del Estado tienen el Consejo de Seguridad como estamento, para garantizar la estabilidad y la seguridad nacional, la información que se maneja es privilegiada y solamente debe y puede ser empleada para cumplir los objetivos para lo que fue creado, y no para provecho particular o privado". puntualizó Fraguela.

Enfatizó que el Ministerio Público debe iniciar una investigación sobre tales hechos que se han puesto de manifiesto, esto para determinar la veracidad de la existencia de este consejo de facto, quiénes forman parte de él y si se configura la comisión de una conducta delictiva

No es nada nuevo

Por su parte, el abogado Roniel Ortíz, indicó que la existencia de esta supuesta red que se dedica a realizar espionaje clandestino, no es nada nuevo, ya que durante el Gobierno pasado esta fue una práctica que se realizó para perseguir a opositores.

"Durante el tiempo que estuvieron en el Gobierno pasado se mantuvieron espiando, eso era un secreto a voces, nunca han parado de hacerlo y se ha podido tener conocimiento de que había máquinas que pinchaban en diferentes lugares, las cuales no habían sido autorizadas para esto", explicó.

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Ortíz agregó que el Ministerio Público está en la obligación de abrir una investigación por este tema, ya que nadie debe estar exonerado de enfrentarse a la justicia cuando comete un delito.