Ministerio Público pudo corregir el informe en caso de Ferrufino, y no lo hizo
Así reaccionó el abogado del exministro, quien destacó que las falencias en la auditoría de la Contraloría ya fueron detectadas por magistrados de un tribunal superior, al fallar sobre otro vinculado.
Ferrufino estuvo detenido 20 meses, y recobró su libertad a finales de septiembre de 2016. No ha sido condenado hasta ahora. Archivo
Dos hechos puntuales se desprenden de la decisión del juez decimoquinto de lo penal, Leslie Loaiza, al declarar nula la investigación seguida a Guillermo Ferrufino por supuestas irregularidades en el alquiler de helicópteros, cuando fungió como ministro de Desarrollo Social (Mides), en el quinquenio anterior.
Según Franklin Amaya, abogado del exministro, Loaiza concluyó que el informe de auditoría que entregó la Contraloría General no era eficaz ni idóneo, basándose en que la metodología empleada no fue la correcta.
Y el abogado ilustró que este fallo no es caprichoso, pues recoge un antecedente directo de la misma decisión que asumió Loaiza con un empresario que estaba vinculado a este caso de alto perfil.
Amaya agregó que en esa ocasión no solo Loaiza concluyó de igual forma, con respecto a la auditoría, sino que su decisión fue ratificada por dos magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia.
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"El Ministerio Público tenía la oportunidad de enderezar y corregir las posibles omisiones del informe, y no lo hicieron", declaró el abogado.
Amaya fue enfático en plantear que la incidencia de nulidad está prevista en la jurisdicción, y la salida es legal y reconocida.
Ante las críticas del MP de que no se llegó ni a la etapa de juicio en este caso, el abogado de Ferrufino recordó que fue esta misma institución la que presentó un amparo de garantías, que hizo que se cayera la audiencia, prevista para el 6 de agosto.
InocenteEn este caso, uno de varios seguidos a Ferrufino, este fue acusado por la supuesta comisión de delito contra la administración pública.
El hecho que se investigó fueron supuestos sobrecostos en el alquiler de helicópteros para el Ministerio de Desarrollo Social, que los utiliza como parte de la logística para la entrega de las transferencias económicas que tiene bajo su responsabilidad.
Loaiza consideró que el hecho punible que se investigaba no estaba acreditado.
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Y, según Amaya, si se hubiera acreditado la auditoría como un instrumento válido, el resultado hubiera sido el mismo, la absolución de su defendido.
"Todos los vuelos se realizaron y no hubo sobrecostos", precisó Amaya, quien explicó que esta no es una postura asumida por su rol de abogado defensor, sino que fue acreditado por la Dirección de Aeronáutica Civil, quien reconoció que en materia de alquiler de aeronaves no hay regulación referente a sus tarifas.
"Ferrufino es inocente", agregó Amaya, a quien le llama la atención que el Ministerio de Desarrollo Social no se haya convertido en parte querellante en este proceso ni, en ningún momento, presentó prueba alguna en contra del exfuncionario.
A esto se agrega que la administración de Alcibiades Vásquez, al frente del Mides, utilizó la misma figura de licitación abreviada para alquilar aeronaves con el propósito de entregar las transferencias de programas sociales a áreas de difícil acceso.