Oralidad entra a regir en procesos civiles, ante necesidad de más recursos

Hoy comienza una nueva etapa en la justicia civil con la implementación de un nuevo código procesal que espera terminar con la demora en la resolución de casos.

El magistrado Olmedo Arrocha confesó que la data reveló que las causas en la jurisdicción civil toman por lo general ocho años.

Ahora, el nuevo código dice que el proceso no puede demorar, en primera instancia, más de un año, y en segunda instancia más de seis meses.

"Si eso lo logramos hacer, va a ser un tremendo cambio cuántico para la ciudadanía y para los usuarios de la justicia", reveló.

Se destaca la incorporación de audiencias orales como eje del proceso, el uso de tecnología y un rol más activo del juez.

Antes que pensar en más tribunales, Arrocha declaró que en la esfera civil se necesitan, precisamente, más jueces.

Y aunque no especificó qué cantidad, dijo que con los que cuentan ahora van a iniciar y a estar a la altura de las circunstancias.'

Conocerán en primera instancia procesos civiles, cuya cuantía exceda $10,000.00

Las comunicaciones entre el Órgano Judicial, las entidades del Estado, los usuarios y particulares se realizarán, preferentemente por medios electrónicos.

El expediente será electrónico, que se repartirá en forma automática, aleatoria y equitativa de demandas y recursos.

Es la etapa en la que el juez controla la legalidad del proceso, sanea posibles vicios, verifica la integración del litisconsorcio y exhorta a las partes lleguen a un acuerdo mediante conciliación.

Al igual que ocurrió en el sistema penal, en la jurisdicción civil se crearán juzgados liquidadores que deberán evacuar los casos vigentes, que serán manejados con base en el código anterior.

"Ahora, nosotros necesitamos reforzar más esa estrategia o esa estructura para que en dos o tres años, eso que ha quedado pendiente de decisiones, se pueda entregar la decisión, la motivación y el resultado final", describió el magistrado.

La implementación del nuevo Código Procesal Civil ha costado, hasta el momento, $5 millones.

Y las autoridades judiciales reconocen que se necesitan más recursos, por lo que esperan que el Órgano Ejecutivo modifique lo recomendado para la justicia en el presupuesto 2026.

Y entre los recortes que sufrió la Administración de Justicia existen fondos que iban dirigidos a continuar con la implementación debida del nuevo procedimiento en la jurisdicción civil.

Existe un fallo de la Corte Suprema de 2021 que dispone que se le deben dar los recursos suficientes para su funcionamiento y no hay espacios para recortes.

No obstante, Arrocha dijo que, por el respeto a la separación de los poderes, quieren seguir dialogando con los otros órganos del Estado para que se comprenda la necesidad de invertir en la justicia.

"Porque no se puede dar una buena justicia, una justicia de calidad, si no se invierte en ella", señaló.

En este sentido, Maritza Cedeño, presidenta del Colegio Nacional de Abogados (CNA) dijo que para todos estos nuevos procesos se necesita el presupuesto adecuado.

"Hemos insistido con el Ministerio de Economía y Finanzas para que le otorgue a la justicia lo que corresponda y que la implementación sea exitosa", planteó.