Panamá viola de forma continua fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de hace 16 años
Ante las reiteradas denuncias de ciudadanos de los Estados miembros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos planteó que la detención preventiva debe ser una medida excepcional.
La situación es mucho más dramática en los detenidos que no tienen recursos para defenderse adecuadamente.
Han pasado 16 años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló, por primera vez, en duros términos, contra el abuso de la detención preventiva, y Panamá todavía es denunciada ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por esta práctica.
La Corte Interamericana determinó en un fallo del 7 de septiembre de 2004 que la detención preventiva debía ser una medida aplicada, "solo excepcionalmente".
No obstante, Panamá sigue siendo denunciada por el abuso en la aplicación de esta medida, sobre todo en el periodo en el que Kenia Porcell fungió como procuradora de la Nación y Juan Carlos Varela, presidente de la República.
"La Corte considera indispensable destacar que la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional", planteó el fallo.
El caso más reciente en Panamá fue el de West Valdés, quien demandó al Estado panameño ante la CIDH por la violación de sus derechos humanos, en gran parte derivada de la excesiva detención preventiva que padece desde enero del año 2017.
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La defensa de Valdés hace una solicitud específica: que la CIDH ordene una visita in situ para que confirme la violación de sus derechos humanos y compele al Estado panameño a rendir un informe sobre su situación legal y los motivos de su detención, pese a que la misma viola las normas legales vigentes.
Recientemente, la CIDH, en otra demanda contra el Estado panameño por el abuso de la detención preventiva presentada por el colombiano Jorge Zabala, advirtió que el demandante solo tiene que probar que agotó todos los recursos que le permite la ley para optar por el cambio de la medida cautelar de detención preventiva, mientras que las autoridades deben rebatir por qué en base al ordenamiento legal le niegan su libertad.
Los abogados de Valdés plantean que el Ministerio Público y el Órgano Judicial lo mantienen "secuestrado" y le violan flagrantemente sus derechos humanos sustentando una detención preventiva que es casi igual a la condena que debería pagar por la acusación que enfrenta.
Y antes de Valdés y pese al fallo de la Corte Interamericana en 2014, el expresidente Ricardo Martinelli demandó al Estado panameño ante la CIDH por violación a sus derechos humanos y la vulneración al debido proceso.
Y las autoridades panameñas también hacen caso omiso a un reciente llamado que hizo la CIDH a sus Estados parte a que tomen las medidas pertinentes en sus penales para evitar la exposición y el contagio del COVID-19 de detenidos mayores de 60 años o con padecimientos crónicos.
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Este es el caso del exdirector general de Ingresos, Luis Cucalón, quien sigue detenido a pesar de que un tribunal ratificó su depósito domiciliario por sus graves afecciones pulmonares, luego de que la Fiscalía Anticorrupción giró a última hora una nueva orden de detención.
El abogado Ángel Calderón, defensor de Luis Cucalón, dijo ayer que espera que esta semana la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la orden de arresto de última hora que mantiene al exdirector de la DGI, de 68 años, detenido en El Renacer.
Calderón reiteró que la vida de Cucalón corre peligro en el sistema penitenciario, en donde se han registrado ya más de 100 casos de coroonavis. “Lo han condenado a muerte”, enfatizó. El jurista le pide a la Corte que le dé el mismo tratamiento que al exdiputado Jorge Rosas, quien enfrenta cargos de corrupción en el caso Odebrecht, y fue liberado por su estado de salud. Agregó que la condición de Cucalón está más que demostrada.
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