Políticas para los menores en riesgo, una deuda latente

La revelación de abusos a menores, incluyendo con discapacidad, en albergues donde debían ser protegidos, motivó que el Gobierno impulsara la creación de un sistema que respetara sus derechos, una tarea pendiente de cumplir.

Primero, fue sancionada la Ley 285 de 15 de febrero de 2022, que establece el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la que fue reglamentada un año después.

Por último, el jueves 16 de noviembre, fue sancionada la Ley 409 que crea un Régimen de Protección Integral para los niños, niñas y adolescentes.

Esta última ley ordena el aparato legal que debe velar por la protección de los menores e incluye la creación de un Tribunal Superior de Niñez, Adolescencia, juzgados, incluyendo de ejecución de pensiones alimenticias, y hasta un defensor de niñez y adolescencia.

Son varias las medidas de protección a los menores que se les haya vulnerado sus derechos con que dispone esta norma.

Por ejemplo, los autoriza a radicarse, en forma provisional, en un domicilio diferente al habitual, respetando la confidencialidad del domicilio.

También, se les impide salir del país, cuando existan indicios de que se pretende trasladarlos ilícitamente a otro Estado.

¿Ha cambiado algo?

La justicia ha avanzado con estas leyes, pero, ¿era lo que realmente se buscaba?

El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, dijo que hay que comprender que el tema de la protección de los menores no es un asunto judicial.

"Cuando se llega a lo judicial es la última posibilidad que el Estado intervenga y existen las formas primarias de intervención en el entorno inmediato de los menores, como las escuelas y el ambiente donde son vulnerables y ahí hay tareas pendientes", expresó.

Lo ocurrido en los albergues motivó que la población exigiera certeza de castigo, por un lado, y políticas eficaces para proteger a los menores en riesgo, por otro lado.

"Esa realidad todavía queda cuestionada. Lo judicial avanza a paso lento, pero el cuestionamiento se mantiene latente de la presencia de las autoridades para promover políticas públicas, acompañamiento, planes y programas, mediante los cuales la sociedad tenga mayor conciencia de la vulnerabilidad de los jóvenes en el entorno real", ilustró el abogado.

En tanto, Idalia Martínez, abogada y exdirectora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), piensa que la sanción de esta ley por parte del Gobierno se da para desviar la atención frente a la mayor crisis que está experimentando Panamá en democracia, por el rechazo a la minería.

Agregó que el Gobierno, como reacción ante los abusos en los albergues, protegió a altas figuras políticas y funcionarios que por ley tenían que responder frente a las graves acusaciones y señalamientos que han hecho niños, niñas y adolescentes que estaban bajo responsabilidad del Estado panameño.

"Vimos como a la actual gobernadora de Panamá (Carla García) nunca se le formularon cargos, a pesar de que ella estaba de subdirectora de la Senniaf durante los escándalos", dijo Martínez.

Un sistema limitado

Con recursos limitados, que ha impedido la creación de instancias creadas por ley en varias circunscripciones, este nuevo sistema corre el riesgo de pasar por la misma realidad.

Juan Carlos Araúz plantea que en el sistema judicial, con sus carencias y limitaciones presupuestarias, nunca va a existir una protección integral, porque la administración judicial tiene una serie de falencias que nunca va a aproximarse a un sentido de acompañamiento justo a la víctima de cualquier tipo de situación en que se vea vulnerable.

Por otra parte, toda la administración de justicia tiene cuestionamientos y deficiencias que tienen que ser atendidas de manera integral, para que la parte operativa de los tribunales y la forma en que se da respuesta y los tiempos vayan acorde a las realidades que la sociedad reclama.

A este tema, Idalia Martínez agrega que sin la correcta distribución de los recursos públicos, jamás se podrán brindar servicios de excelencia por parte del Estado para la atención y protección de la niñez y adolescencia.

"Se requiere personal altamente capacitado para ello, así como instalaciones adecuadas y programas de calidad, entre otros factores que, de forma integral, atiendan la necesidad de protección de esta población tan vulnerable", dijo la abogada.

Desaciertos

Martínez observa que el mayor obstáculo en las actuaciones judiciales con relación a la protección de niñas, niños y adolescentes, es que hay actores e integrantes del sistema que siguen cometiendo los mismos desaciertos judiciales.

"A pesar de la jurisprudencia con llamados de atención a algunos jueces y la gran cantidad de sentencias de primera instancia que han sido revocadas o modificadas por parte del tribunal de segunda instancia", comentó la exdirectora de Senniaf.

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