Incertidumbre sobre las finanzas públicas

Panamá se encuentra a un paso de perder su grado de inversión y el conflicto por el tema minero amenaza con agudizar esta situación.

Las principales calificadoras de riesgo han disminuido el grado de inversión del país.

En el caso de Fitch Ratings, advierte que los subsidios al combustible y la electricidad y una creciente factura de intereses están presionando el déficit fiscal en 2023, y una gran expansión del gasto presupuestario en 2024 aumenta el riesgo de mayor deslizamiento que podría resultar en una trayectoria ascendente de la deuda pública.

Por su parte, para Moody's, Panamá no ha logrado responder de manera efectiva a los desafíos fiscales estructurales que enfrenta. Esto señala una debilidad en la gobernanza y baja eficacia en la política fiscal.

Agrega que si estas condiciones persisten llevarán a un deterioro en la fortaleza fiscal de Panamá, ya que la dependencia de medidas de ingresos puntuales por parte de las autoridades resulta insuficiente para revertir esta tendencia.

Para el exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima esto se ha vuelto un problema estructural, porque las recaudaciones que genera el Gobierno a duras penas cubren los gastos de funcionamiento y la deuda.

"En pandemia nos endeudamos para pagar los gastos de funcionamiento del Gobierno y si lees el informe de Moody's te das cuenta que ha tenido que recurrir a ingresos extraordinarios, como fue la venta de tierras al Canal de Panamá, para reforzar el presupuesto de ingresos", dijo el exfuncionario.'

$500

millones conseguidos por venta de tierras al Canal, sirvieron para pagar deudas a proveedores.

$375

millones era el aporte anual, mínimo, que haría la minera, el cual ahora está en suspenso.

Otro punto que han criticado las calificadoras ha sido las maniobras realizadas por los gobiernos de Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo para ajustarse a la Ley de Responsabilidad Fiscal.

En el caso del primero, sacrificó el pago a los proveedores del Estado, dejando una deuda de, aproximadamente, $1,800 millones.

Mientras, la gestión de Cortizo hizo como una especie de factoring de un pago de intereses por $300 millones, que tuvo que haberlo hecho en 2022 y lo realizó en 2023 para poder cumplir con el 4% de déficit exigido.

"Las calificadoras han dicho que Panamá tiene un problema de finanzas públicas. La ley de Responsabilidad Fiscal no tiene credibilidad, porque siempre se modifica", dijo De Lima.

Incertidumbre

Ahora, ante las protestas desatadas por el contrato con Minera Panamá, hay más incertidumbre sobre el futuro de las finanzas públicas.

El presidente de la Cámara de Comercio, Adolfo Fábrega, considera que la probabilidad de que afecte el grado de inversión es un hecho.

"La atracción de inversión extranjera va a verse drásticamente afectada, incluso, aquellas que ya han sido captadas en nuestro suelo patrio", dijo el empresario.

A Fábrega le preocupa el impacto económico que esto pueda tener no solo a nivel macro, sino en todos los niveles, con un desempleo que irá en crecimiento.

Al respecto, De Lima reconoce que el conflicto sobre la mina pone en riesgo los ingresos que contemplan el contrato y afecta el clima de inversiones del país y la seguridad jurídica.

Sin embargo, dijo que en estos momentos hay que tener calma y pensar con mente fría.

"Creo que se puede renegociar términos mejores para el país y, por otro lado, ver que pasa con la Corte Suprema de Justicia", planteó.

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