Presiones al procurador Eduardo Ulloa buscan control del Ministerio Público

Los ataques contra el procurador general, Eduardo Ulloa, por parte de grupos que se denominan como sociedad civil y algunos medios de comunicación tiene como objetivo mantener el control del Ministerio Público.

Estos cuestionamientos en contra de procurador se iniciaron desde que el mismo realizó algunas rotaciones de fiscales y el cierre de una fiscalía, como primeros pasos para darle una mayor transparencia y objetividad al Ministerio Público.

Entre los primeros cambios realizados por Ulloa figuran el de los polémicos fiscales Zuelyka Moore y Aurelio Vasquéz, así como el cierre de la Fiscalía Sexta Anticorrupción.

El cambio que ha generado más ataques contra Ulloa fue el de Zuleyka Moore de la Fiscalía Especial Anticorrupción, que se encarga de las investigaciones del caso Odebrecht.

Una vez se levante la suspensión de los términos judiciales, se espera que se indague y le formulen cargos al expresidente Juan Carlos Varela y a otras importantes figuras del Partido Panameñista.

Hasta el próximo 21 de junio, se extendió la suspensión de los términos judiciales en las provincias de Panamá Oeste y Panamá, por lo que a partir de esa fecha se podrán retomar estas investigaciones.

Ante esta situación, Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, indicó que se opone rotundamente a cualquier motivación que busque que la justicia opere simplemente por "clamor popular", de las partes interesadas en un conflicto, o por "cualquier fuerza extraña al proceso".

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Araúz agregó que era cuestión de tiempo que todos los intereses que tienen las distintas dependencias de justicia empezaran a ponerse ansiosos por sus tiempos, por sus avances, y "que el país quedara en medio de una situación en donde distintos actores vieran a la justicia dependiendo del interés que tengan".

"Nadie coloca los defectos de la justicia en su estructura y muchas veces nos referimos a la persona como una fórmula para simplemente sacar un resultado positivo o negativo de ella y nadie encamina una ruta a favor de esta, en donde si alguien tiene una insatisfacción de la misma, se debe mirar su estructura, en donde estarían las respuestas que mucha gente busca", explicó.

Araúz indicó que se ha ido debilitando a la administración de justicia que está en un estado de falta de confianza ciudadana, sin embargo, a pesar de que todos puedan saber cuáles son los defectos de la misma, la ausencia de una ruta en pro de mejorarla queda marginada.

"Ejemplo, cuando se creó la Ley de Carrera Judicial se contempló usar la figura de un amparo de independencia judicial, el cual buscaba que al funcionario que le tocara decidir una causa no estuviese sometido a presiones o a vaivenes de las partes en conflicto, sin embargo, al pasar del tiempo esta figura se quedó corta, porque el Tribunal no ha entrado en funcionamiento"

El experto agregó que en Panamá no se puede permitir una "justicia a la fuerza", y si no se pone un alto a las presiones que se hacen a la misma, se van a vivir tiempos en donde la misma va a ser dominada y le pertenecerá al más fuerte.

"No podemos permitir, bajo ningún concepto, una justicia a la fuerza, entendiendo por esto cualquier tipo de presión que se le haga a los administradores de justicia", indicó el jurista.

Agregó que el Ministerio Público necesita ser amparado en su independencia judicial para evitar esta situación.

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Por su parte, el abogado Roberto Ruíz Díaz indicó que sumadoa esto, también hay periodistas que van con agendas propias en los señalamientos que se hacen contra el procurador.

"La pluma es más mortal que una bala, porque por medio de la injuria y la calumnia te puede matar en vida. Con lo cual pierde el medio, no el periodista que cobra", indicó Ruíz Díaz.

Cabe resaltar que dentro del caso Odebrecht han surgido nuevos elementos que involucran a Juan Carlos Varela en este proceso, por ejemplo, presuntas transferencias de dinero que supuestamente fueron parar a las cuentas del exmandatario, según lo denunció el abogado Alfredo Valarino.

Un testigo viajaría a Panamá en cuanto se reanuden los vuelos internacionales para aportar estas pruebas del caso Odebrecht ante el Ministerio Público, aseguró el abogado Vallarino.

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