Publio De Gracia: del "no robar" a la legalización de su aprehensión
Legalizan la aprehensión del exdirector de la DGI Publio De Gracia y su esposa por presunto enriquecimiento injustificado, tras operativo de la Fiscalía.
Publio De Gracia: del "no robar" a la legalización de su aprehensión
El juez de garantías Fermín Bonilla legalizó la aprehensión de Publio De Gracia y de su esposa, Eliane González, tras sus detenciones en el marco de la Operación Cuestor. Durante el inicio de la audiencia de solicitudes múltiples, la defensa técnica del exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI) solicitó que el proceso se mantuviera bajo reserva; sin embargo, el juez rechazó la petición, permitiendo el desarrollo público del acto judicial.
El proceso judicial contra De Gracia se desarrolla por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
Resulta una paradoja del ejercicio público que las palabras expresadas al inicio de un mandato terminen convertidas en el reflejo de una caída política. Siete años atrás, al asumir su cargo en la DGI, Publio De Gracia apelaba al imperativo ético de la administración pública y al descontento social acumulado en la región:
“No robar, no mentir, son principios universales; no traicionar al pueblo es un juramento que todo líder tiene que remarcar. Los pueblos de Latinoamérica están HARTOS de que les roben, que les mientan y que los traicionen; los panameños no escapamos de eso, nuestro líder Nito Cortizo cumplirá”, publicó en sus redes sociales.
Hoy, la ironía no radica solo en la distancia del tiempo, sino en el cambio de roles. De Gracia debe responder ante la Fiscalía Anticorrupción por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales durante su gestión (2019-2024), en un proceso que pone a prueba, precisamente, las demandas de transparencia y fin de la impunidad que en su momento afirmaba respaldar.
Un perfil académico y profesional en el ojo de la tormentaEl contraste resulta aún más drástico al revisar la hoja de vida del exfuncionario. Abogado de profesión, egresado del Colegio de La Salle, De Gracia cursó la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá, casa de estudios donde también obtuvo una Maestría en Desarrollo del Sector Marítimo con énfasis en Puertos y Canales, sumado a un posgrado en Docencia Superior por la Universidad Interamericana de Panamá.
Antes de su llegada a la DGI, construyó una reputada trayectoria en la gerencia de empresas públicas y privadas, ocupando cargos directivos en medios impresos como los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo. Asimismo, se destacó habitualmente como conferencista en foros nacionales e internacionales, compartiendo análisis sobre derecho, política fiscal y visión empresarial. Sin embargo, toda esa solidez técnica y académica hoy choca de frente con las investigaciones que cuestionan el origen de sus activos.
Aquella proclamada ética profesional contrasta drásticamente con los hallazgos de la Operación Cuestor, ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional. La investigación, fundamentada en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, determinó un posible daño patrimonial al Estado durante su periodo al frente de la entidad tributaria.
Durante los allanamientos en Panamá y Panamá Oeste, las autoridades procedieron con la aprehensión de De Gracia y su cónyuge. Se conoció que de manera cautelar, la fiscalía congeló cuatro cuentas bancarias y secuestró tres inmuebles —entre ellos un penthouse investigado tras denuncias de compras a través de fundaciones— y seis vehículos de alta gama (de marcas como Lexus, BMW y Toyota Prado), cuya adquisición no guarda proporción con los ingresos percibidos como servidor público.
A los expedientes penales se le añade la polémica por la implementación de la lotería electrónica (Lotto y Pega 3). En mayo de 2023, De Gracia otorgó una adenda para extender por 10 años más la concesión a la firma extranjera Scientific Games LLC, desoyendo los reclamos del Sindicato de Billeteros sobre el daño financiero a la Lotería Nacional de Beneficencia. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia decretó la inconstitucionalidad de ese contrato.
Los gremios advirtieron que el contrato resultaba desventajoso para el Estado, pues la concesionaria subcontrató la operación a la firma MediaRed, dejando ganancias mínimas para la entidad pública. Para diciembre de 2023, la LNB registró pérdidas operativas cercanas al millón de dólares.
Antecedentes fiscales: de FCC al Tribunal de CuentasEste expediente por supuesto enriquecimiento ilícito se suma a la medida cautelar por $16.3 millones de dólares dictada previamente por el Tribunal de Cuentas. La causa se originó por la presunta condonación irregular de deudas tributarias a la constructora FCC Construcción, S.A.
En agosto de 2023, bajo su dirección, la DGI revocó cobros del Impuesto Sobre la Renta (ISR) mediante un acuerdo de pago extraordinario, liberando a la compañía del pago de más de $16.3 millones y dejando una cifra significativamente menor, acción denunciada ante la Procuraduría General de la Nación por perjuicio económico al Estado.
Hoy, tras la validación de su aprehensión en los tribunales y el rechazo a mantener su audiencia a puertas cerradas, Publio De Gracia debe justificar públicamente el patrimonio que acumuló mientras ejercía el cargo en el que prometió no traicionar la confianza de la ciudadanía.