La red policial que habría movido droga a costa de la migración por el Darién

Durante la administración de Juan Carlos Varela, Panamá se convirtió en un puente humanitario para la migración ilegal de cubanos, pakistaníes, haitianos y africanos, con caravanas de hasta 500 personas que eran escoltadas por estamentos policiales entre las fronteras de Darién con Colombia y la de Chiriquí con Costa Rica.

Se trata de una tragedia humana donde muchas de estas personas que intentan llegar a Estados Unidos mueren en su travesía o en el mejor de los casos robados.

Lo que desconocía hasta ahora es que esa tragedia humana también habría sido aprovechada por estamentos de seguridad del Gobierno de Varela para supuestamente haber facilitado el paso de la droga colombiana adquirida por carteles mexicanos hacia los mercados de consumo, principalmente Estados Unidos, se desprende de un informe de inteligencia que llegó a este medio de comunicación.

Se trata de una historia donde mencionan al ex director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, y el exdirector del Consejo de Seguridad, Rolando López, y el ex director de Senafront, Eric Estrada, supuestamente las cabezas principales.

El informe oficial de inteligencia revelaría por primera vez cómo habría operado una red que contaría con la participación altas figuras del poder policial y político del país.

El manejo de la droga decomisada e incinerada se distorsionó cuando en el Gobierno de Varela se le encargó esta responsabilidad al Consejo de Seguridad por primera vez desde su creación, describe el informe.

La droga decomisada que era llevada al incinerador instalado y operado en Aguadulce por parte de la empresa Pumper, empresa que tendría como padrinos a los ex diputado panameñista Aldolfo Beby Valderrama y José Luis Varela, es último hermano del ex presidente Varela.

La empresa también tendría, en ese momento, como participante o colaborador al ex periodista de la sección de investigación del diario La Prensa.

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El informe inteligencia sostendría que la droga decomisada por los estamentos policiales no era quemada totalmente, sino que una parte habría sido separada por jefes de alto rango con la excusa de apoyo a operaciones de la CIA y generar fondos para operaciones de inteligencia.

"Los asociados o mencionados en esta operación ilegal fueron Rolando López (secretario del Consejo de Seguridad); Jacinto Gómez, subdirector de la Policía; y Marcos Córdoba, director de la DIJ.

Los remanentes de la droga habrían sido trasladados a la provincia de Chiriquí a una finca en San Pablo Viejo, la cual habría sido manejada por el comisionado Eric Estrada, director de Senafront (en ese entonces)", explicó el documento.

Según el informe, la droga permanecía en esta finca hasta que era entregada a inmigrantes, principalmente cubanos y de otras nacionalidades, como haitianos y pakistaníes, quienes cruzaban por Panamá usando el flujo controlado migratorio.Todo esto podría poner al descubierto una red que en el gobierno de Varela se centralizó todas las incautaciones y operaciones policiales en el Consejo de Seguridad.

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"Era la primera vez que desde la creación del Consejo de Seguridad se manejara este tema, situación que riñe con la esencia para lo cual fue creada", expuso una de las fuentes secretas del informe.

El informe detalló que la red de estamentos policiales, supuestamente, aprovechaba el uso de buses particulares para la movilización de inmigrantes y así poder trasladar la supuesta mercancía ilegal, todas estas acciones eran supervisadas directamente por el comisionado David Ríos de la Policía Nacional, quien estaba asignado a Migración en ese periodo gubernamental.

Las rutas de acuerdo con el informe que llegó a este medio había una supuesta ruta prestablecida.

"Parte de la droga era ingresada a Panamá utilizando las caravanas de inmigrantes desde Colombia, cruzaban desde Sapzurro en Colombia hacia Puerto Obaldía en Darién, otros caminos eran hacia la población indígenas de Bajo Chiquito, procedentes de Juradó, Colombia.

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El resto (supuestamente) era obtenido de las incautaciones usando la modalidad de quema de drogas en Aguadulce.

La fuente del informe indicó que toda la droga trasegada era propiedad del Cartel de Sinaloa", detalló el informe.

El informe hace acusaciones sobre delitos personales: el migrante que se oponía o exponía información era amenazado o ultimado por bandoleros pagados por un contacto del comisionado denominado El Sirio por su facilidad de hablar en varios idiomas.

Hoy día varias de las unidades policiales mencionadas en este informe de inteligencia siguen activas y el resto hasta ahora no enfrenta investigación por estos supuestos delitos denunciados.