Reformas al Código Penal están estancadas

Las múltiples iniciativas de ley que buscan modificar el Código Penal, presentadas tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo, desde el 2019 a la fecha, dejan en evidencia que existe un problema de inseguridad y violencia en el país.

A pesar de esto, no hay medidas certeras para contrarrestar esa inseguridad y esa violencia que se vive diariamente en Panamá.

En total, son más de 25 iniciativas de ley que se han presentado, en su mayoría enfocadas en aumentar las penas para aquellas personas que cometen actos de abuso sexual, homicidios, entre otros delitos.

También algunas propuestas para tipificar el femicidio y los hechos de violencia contra la mujer, así como imponer penas más severas contra aquellas personas que agredan y causen lesiones a los miembros de la Fuerza Pública, del Órgano Judicial, Ministerio Público, etc.

Incluso, el Consejo de Gabinete, el pasado 29 de noviembre de 2022, autorizó al ministro de Gobierno, Roger Tejada, a presentar un proyecto de ley que equipe la pena base o mínima del delito de homicidio simple, a partir de los 12 años de prisión.

En esa misma iniciativa se incluye como agravante, cuando se ejecute este delito contra un agente de seguridad privada que se encuentre en cumplimiento de sus labores.

Para la diputada Corina Cano, miembro de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, ante las diversas iniciativas que se han presentado para modificar el Código Penal, lo que se hizo fue designar una subcomisión para evaluar este tema y presentar los informes respectivos.'

12

años de prisión buscan que paguen quienes cometan delitos simples de homicidio.

Agregó que lo único que está pendiente es ponerlos en agenda para darle el primer debate en dicha Comisión.

"Aun cuando tenemos interés en discutir las propuestas para las modificaciones al Código Penal, tuvimos otros temas como las reformas electorales. Sin embargo, reconociendo la importancia que tienen las modificaciones al Código Penal, eso está pendiente de discusión", aseveró.

La diputada reconoció que este gran número de iniciativas para reformar el Código Penal, reflejan que el mismo debe ser adecuado a la realidad en base a lo que está pasando con delitos de homicidio, abusos sexuales, etc.

Por su parte, Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), indicó que el derecho está en constante transformación, es decir, que de manera recurrente las normas penales buscan disuadir en cierta forma a quien pretenda cometer algún delito.

Expresó que las políticas criminales, deben ir encaminadas a sacar de las calles a los delincuentes y resocializarlos, garantizando una inserción social que no represente un peligro para los asociados.

"Estas políticas deben actuar de la mano, cumplir la pena y resocializar al detenido. Las cárceles se han convertido en depósitos humanos, que no resocializan a nadie, por el contrario, logran alcanzar doctorados criminales", dijo.

Comentó que el mejor ejemplo es la sanción para los homicidios, las cuales se siguen aumentando, pero igualmente se siguen cometiendo en todo el país.

"Es decir, que la cualidad disuasoria de la norma, no representa temor ni preocupación para los delincuentes profesionales", aseguró el letrado.

Puntualizó que esta indiferencia criminal, obliga al Estado a diseñar tipos penales con consecuencias jurídicas que protejan a los asociados.

"En ese sentido, hay que revisar las normas y endurecerse, de tal manera que quien no quiera convivir en sociedad o no sepa hacerlo, tampoco representará un peligro para ella", aseguró.

Por su parte, Juan Carlos Araúz, presidente del CNA, indicó que lo que ha pasado con muchas de esas iniciativas de ley, es que se hacen al calor de la política y cuando son analizadas no cumplen los requisitos que la sociedad requiere.

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