SPA: El abismo entre la ley y la percepción ciudadana

Para muchos ciudadanos, la justicia parece no llegar cuando una persona acusada de un delito recibe medidas cautelares distintas a la detención preventiva. Esta percepción ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio, un modelo cuya implementación escalonada inició el 2 de septiembre de 2011 con el fin de garantizar procesos más transparentes, eficientes y respetuosos de los derechos de las partes, pero que hoy continúa siendo objeto de debate entre especialistas y la ciudadanía.

La normativa vigente de este sistema establece que la privación de libertad en la etapa inicial es una medida excepcional y de último recurso, priorizando alternativas como el reporte periódico o el impedimento de salida del país.

Separación de roles

Según el abogado Basilio González, el principal cambio que introdujo el SPA fue la oralidad, que desplazó al sistema escrito, y la estricta separación de funciones. "El Ministerio Público no puede realizar actos jurisdiccionales y el Órgano Judicial no puede hacer actos de investigación", precisó González, quien sostuvo que los mayores logros de este modelo son, precisamente, esa delimitación de roles y la agilización de los procesos judiciales.

Sin embargo, con este modelo, la ciudadanía tiene la percepción de que los delincuentes "entran por una puerta y salen por la otra". El jurista entiende esta preocupación, pero al mismo tiempo sostiene que la situación debe evaluarse en su justa dimensión, advirtiendo que no se puede generalizar el comportamiento del sistema por casos aislados.

Al respecto, el abogado explicó que en delitos graves como narcotráfico, robo agravado, violación, homicidio o pandillerismo en flagrancia, no debería existir justificación para otorgar libertades.

No obstante, argumentó que existen escenarios donde los fiscales presentan imputaciones con investigaciones debilitadas y sin suficientes elementos de convicción. En esos contextos, al no demostrarse riesgos procesales reales, los jueces de garantías se ven obligados legalmente a decretar la libertad del señalado.

Para el letrado, señalar al Órgano Judicial por deficiencias que competen a la fase de investigación del Ministerio Público (MP) genera un daño estructural al sistema. Por esta razón abogó por fortalecer la capacitación técnica de los fiscales en materia del debido proceso y la objetividad.'

2

de septiembre de 2011 inició la implementación de este nuevo modelo de justicia penal.

 

2016

finalmente se hizo efectivo a nivel nacional al entrar en el Primer Distrito Judicial.

 

El mito de la cárcel

Por su parte, el sociólogo Paúl Córdoba manifestó que cuando la población percibe un incremento en la frecuencia de los delitos, tiende a evaluar de forma negativa el desempeño del SPA, independientemente de las estadísticas reales. Desde la perspectiva sociológica, Córdoba señaló que la asociación directa entre justicia y cárcel responde a un arraigo cultural de carácter estrictamente punitivo.

Tras décadas en las que la privación de libertad fue promovida como la única respuesta estatal ante el delito, la ciudadanía asumió que una sanción solo es efectiva si implica encarcelamiento.

Esta premisa simplifica el fenómeno criminal y choca con los modelos modernos de justicia orientados a la reparación del daño y la reinserción social.

González señaló que nadie se toma el tiempo de explicar cómo funciona este sistema, argumentando que los medios de comunicación que están llamados a informar muchas veces desinforman y crean confusión en el ciudadano común.

Esta postura es compartida por el sociólogo, quien sostiene que la desinformación es un factor clave que alimenta la idea de impunidad, ya que con frecuencia se difunden casos aislados sin el contexto legal adecuado o se le atribuyen al SPA decisiones que en realidad corresponden a vacíos normativos o a los propios operadores de justicia.

Herida social

Desde el ámbito de la salud mental, la psicóloga Laura Pinnock explicó que transitar por la vía judicial penal genera una profunda sacudida emocional, psicológica y financiera.

Detalló que el delito despoja al individuo del control sobre su propia seguridad, por lo que la víctima busca que el sistema reconozca su sufrimiento y que el agresor asuma la responsabilidad.

De acuerdo con Pinnock, si el sistema falla en castigar un delito grave, el cerebro interpreta que cualquier ciudadano puede ser la próxima víctima, lo que activa una ola de rabia comunitaria debido a la falta de amparo institucional.

Finalmente, la psicóloga advirtió que la percepción de impunidad actúa como un trauma psicosocial crónico que desmantela el tejido emocional. Esto ocurre especialmente en las comunidades de estratos bajos, donde refranes populares como "el hijo de la cocinera siempre paga aunque sea inocente y el adinerado no" reflejan la desigualdad ante la ley y una herida colectiva de discriminación estructural. Si el sistema legal es percibido como corrupto e ilegítimo, la ley deja de ser el referente del bien y del mal.