Chaleco antibalas y escoltas, requisito extra para candidatos en Colombia

Junto con el programa electoral, los chalecos antibalas y escoltas son requisito para 400 candidatos a las elecciones locales y regionales que se celebrarán la próxima semana en Colombia, cuya campaña ha estado empañada por los disparos contra varios aspirantes. Esta protección, con la que se convive sin sobresaltos en Colombia por lo convulso de su vida política, se enmarca dentro del "Plan Democracia" un dispositivo en el que varias entidades del Estado colaboran para que los comicios sean seguros y que ahora, a ocho días de la cita, se ultima con sumo cuidado. No es para menos, pues ese plan cobija a los aspirantes que, por sus preferencias políticas o por los intereses de bandas criminales en determinados municipios, se ven expuestos a las amenazas y, en el peor de los casos, el asesinato. Aunque 400 protegidos puede ser una cifra menor si se compara con los más de 113,000 candidatos a estas elecciones, en Colombia no bajan la guardia porque los aspirantes han sido blanco del 60% de los 161 hechos violentos contra políticos registrados en lo que va de año. Así lo refleja la ONG Misión de Observación Electoral (MOE) en su último informe, donde muestra otros datos más que preocupantes: en tres meses de carrera electoral funcionarios, candidatos y equipos de campaña han sido objeto de medio centenar de amenazas, diez atentados y diez asesinatos. "Comparado con las elecciones locales de hace cuatro años tenemos una disminución del 70% en lo que tiene que ver con amenazas, atentados y asesinatos de líderes y candidatos", destacó en entrevista con Efe el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Diego Mora. La UNP, que protege en condiciones ordinarias a 8,500 líderes de derechos humanos, políticos y dirigentes sociales, entre otros, es una de las entidades, junto con la Policía, que brinda seguridad directa a otros candidatos a través de medidas "duras y blandas". Las medidas blandas se refieren a chalecos antibalas, las duras, a vehículos blindados y escolta de uno o varios profesionales, en función del riesgo. Mora explica que, fuera de periodo electoral, la UNP otorga en la mayoría de casos medidas blandas. Para estas elecciones, el 80% de los amenazados tiene programas duros. Estas medidas evitaron, por ejemplo, el asesinato de Hugo Sánchez, candidato del partido de izquierdas Unión Patriótica a una alcaldía del norte de Colombia, o la muerte de Andrés Guerra Hoyos, aspirante a gobernador en el noroeste por el partido de derechas Centro Democrático que esquivó un tiroteo por su dispositivo de seguridad. Ambos partidos, situados en polos opuestos, son los que más hechos violentos han registrado desde que comenzó la campaña: el Centro Democrático, cuya figura más reconocida es el expresidente y senador Álvaro Uribe, ha recibido 15 ataques, seguido por la Unión Patriótica y el Partido Liberal, ambos con 10. En el "Plan Democracia" incluye 250 vehículos blindados y entre 700 y 800 trabajadores de protección entre escoltas profesionales y agentes del Policía. En el caso de la Policía, los agentes reciben un entrenamiento especial que incluye técnicas de conducción bajo presión, o resguardo y transporte de un candidato en medio de un tiroteo. Sin embargo, como explica a Efe el coronel Julio César González Bedoya, subdirector de protección en la Policía, ésta es la última parte de un proceso que comienza dando consejos básicos a los protegidos, como no repetir rutas o evitar frecuentar sitios de riesgo. "Tenemos una cartilla con las medias autoprotectivas, que no solamente van (dirigidas) a la persona, sino a su núcleo familiar y muchas veces a su entorno tanto residencial como laboral o donde se tenga que desplazar para hacer sus actividades", resume. Los agentes determinan el "nivel de la amenaza" tras reuniones con los líderes de los partidos que piden protección para sus candidatos. Según los cálculos de González, tienen identificadas "2,400 sedes políticas que tienen unos niveles de riesgo". No pocos analistas creen que estas elecciones son especialmente tensas por lo que está en juego, que no es otra cosa que gestionar, desde los municipios, alrededor del 80% de la millonaria inversión que llegará con la paz que el Gobierno y las FARC esperan firmar antes del próximo 23 de marzo. En este contexto un chaleco antibalas puede ser decisivo, por ejemplo, sobre la forma como se reintegran los desmovilizados o se sustituyen los cultivos de coca.