Endurecen la ley de tenencia de armas tras atentado terrorista en Nueva Zelanda
Tras el atentado, algunos agricultores neozelandeses entregaron voluntariamente sus armas semiatomáticas y se inició un proceso de consulta sobre la enmienda de la ley en el que 13,000 ciudadanos presentaron sus opiniones sobre el asunto, con un 60% de ellos apoyando la prohibición.
El presunto terrorista, Brenton Tarrant, se enfrenta en un tribunal neozelandés a 50 cargos de asesinato y 39 de tentativa de asesinato, había obtenido su licencia de armas en 2017 y poseía legalmente cinco armas, incluidas las dos semiautomáticas con las que habría perpetrado los ataques. FOTO/EFE
El Parlamento de Nueva Zelanda aprobó el endurecimiento de la tenencia de armas semiautomáticas, menos de un mes después del atentado contra dos mezquitas de Christchurch en el que fueron asesinadas 50 personas.
La enmienda fue aprobada con 119 votos a favor y uno en contra en la tercera lectura de la ley realizada en la sesión vespertina del Parlamento neozelandés.
"Nueva Zelanda destaca por la disponibilidad generalizada de armas cuya fuerza y carácter son netamente destructivos, pero hoy ponemos fin a esa anomalía", proclamó con contundencia la primera ministra, Jacinda Ardern, en el Parlamento.
La enmienda a la actual ley aprobada incluye la prohibición de armas semiautomáticas; de piezas, cartuchos y municiones que pueden emplearse para modificar armas y convertirlas en semiautomáticas; así como de escopetas con una capacidad de más de cinco cartuchos, detalló el diario New Zeland Herald.
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El atentado del pasado 15 de marzo, en el que un supremacista blanco de nacionalidad australiana asaltó fuertemente armado dos mezquitas en la localidad de Christchurch y abatió a tiros a cincuenta personas e hirió a otras tantas, conmocionó a la nación neozelandesa y suscitó un debate sobre el acceso de la población civil a las armas de fuego.
El presunto terrorista, Brenton Tarrant, que había publicado en internet un manifiesto con su doctrina extremista y retransmitió el brutal ataque en redes sociales durante 17 minutos en los que disparaba indiscriminadamente contra los congregados en las mezquitas, carecía de antecedentes penales y residía en la localidad de Dunedin, 400 kilómetros al sur de Christchurch.
Tarrant, que se enfrenta en un tribunal neozelandés a 50 cargos de asesinato y 39 de tentativa de asesinato, había obtenido su licencia de armas en 2017 y poseía legalmente cinco armas, incluidas las dos semiautomáticas con las que habría perpetrado los ataques.
El Gobierno liderado por Ardern acordó tres días después de los atentados iniciar la reforma de la ley de tenencia de armas, ya que, según el viceprimer ministro, Winston Peters,"nuestro mundo cambió para siempre y también lo harán nuestras leyes".
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Tras el atentado, algunos agricultores neozelandeses entregaron voluntariamente sus armas semiatomáticas y se inició un proceso de consulta sobre la enmienda de la ley en el que 13,000 ciudadanos presentaron sus opiniones sobre el asunto, con un 60% de ellos apoyando la prohibición.
"En última instancia, estamos aquí porque murieron 50 personas y ya no tienen una voz. Nosotros, los miembros de esta Cámara somos su voz y la hemos usado sabiamente", dijo Ardern con voz emocionada tras la aprobación del proyecto de ley.
El único voto en contra de la enmienda llegó por parte del líder del partido conservador ACT, David Seymour, que tildó la iniciativa de "teatro político" y argumentó que la prohibición podría fomentar la venta de armas prohibidas en el mercado negro.
La enmienda de ley aprobada necesita aún ser ratificada por la gobernadora general, Patsy Reddy, representante de la reina Isabel II en la nación oceánica, antes de entrar en vigor, lo que se espera que ocurrirá el viernes.
Para llevar la ley a efecto, el Gobierno ha declarado una amnistía para que los dueños de las armas prohibidas por la ley puedan entregarlas y que se prolongará hasta el próximo mes de septiembre, aunque el Gobierno podría extender el periodo de amnistía.
La entrega será seguida por un plan de pagos que podría llegar a costar al erario hasta 200 millones de dólares neozelandeses (unos 120 millones de euros, o $135 millones), según Ardern, que apostilló que "este es el precio que debemos pagar para garantizar la seguridad de nuestras comunidades".