La OEA cuestiona que jueza hondureña no haya ordenado detención de diputados

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de la OEA, cuestionó hoy que una jueza hondureña no haya ordenado la detención que le pidió la Fiscalía contra cinco diputados acusados por malversación de caudales públicos y dijo que el caso amerita prisión preventiva. El portavoz de la Maccih, Juan Jiménez, lamentó que la magistrada Alma Guzmán decidiera aceptar la comparecencia voluntaria de los diputados "desechando (el) pedido de detención" solicitado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (Ucefi) "pese la gravedad de hechos". Vea También Diputado del PARLACEN en Honduras acusado de quiebra de BANCORP Por este hecho, en el que además está implicada una Organización No Gubernamental (ONG) y otras tres personas, la Corte Suprema de Justicia de Honduras fijó "impedimento de salida del país" de los acusados, añadió Jiménez en su cuenta de Twitter. Se trata de los diputados Héctor Enrique Padilla, Audelia Rodríguez, Augusto Cruz, Dennis Sánchez y Eliasar Juárez, quienes comparecerán en audiencia inicial el próximo 28 de diciembre.  "Fuga de información y retardo en decisión permitió a la defensa de imputados presentarse voluntariamente para utilizar argumento de no fuga", señaló Jiménez. Enfatizó que la decisión de la magistrada hondureña "no atiende fundamento de obstrucción de justicia, que responde a calidad de personajes con poder". Los cinco diputados son acusados por el Ministerio Público y la Maccih -de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se instaló en Honduras en abril de 2016- de solicitar fondos al poder Ejecutivo que eran entregados a la ONG, la cual los enviaba a los políticos acusados. Los políticos recibieron al menos 15 cheques desde la cuenta de la ONG Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras, la cual recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas en diciembre de 2015, según un comunicado del Ministerio Público hondureño.  El portavoz de la Maccih indicó que el "retardo a solicitud de medidas urgentes para la detención (de los diputados) frente a hechos presuntamente delictivos afecta la justicia". Destacó que el caso ameritaba que la magistrada impusiera "prisión preventiva" a los acusados por "gravedad de la pena, los hechos demostrados y posición de poder de los personajes para afectar actividad probatoria". En total a la ONG se le trasladaron 8,3 millones de lempiras (unos 350.210 dólares), según la denuncia. Los diputados de la red "se valieron de una ONG que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional (Parlamento) para estos fines", subraya la información conjunta del Ministerio Público y la Maccih.