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Movimientos ciudadanos piden proteger 16 zonas de Colombia por posibles fosas de "falsos positivos"
- Bogotá/EFE
La JEP ya exhumó la semana pasada del cementerio de Las Mercedes, en Dabeiba, siete cadáveres completos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales de civiles, conocidas como "falsos positivos", y considera que en ese lugar pueden estar enterradas al menos unas 50 personas con esa característica.
La impunidad en estos casos está alrededor de un 95.8% y los condenados por esas prácticas son militares de bajo rango. FOTO/EFE
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) pidió este lunes a la Justicia Especial para la Paz (JEP) proteger 16 sitios de Colombia en los que se cree que pueden estar sepultadas víctimas de paramilitares de los llamados "falsos positivos" cometidos por militares.
"Los 16 lugares son cementerios, fincas y algunos sitios de caminos", dijo la secretaria técnica del Movice, Diana Salamanca al comentar el reciente hallazgo por la JEP de fosas en Dabeiba, en el departamento de Antioquia (noroeste).
La JEP ya exhumó la semana pasada del cementerio de Las Mercedes, en Dabeiba, siete cadáveres completos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales de civiles, conocidas como "falsos positivos", y considera que en ese lugar pueden estar enterradas al menos unas 50 personas con esa característica.
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#AEstaHora, en Florencia (Caquetá), avanza el traslado de versiones de excombatientes de las Farc-Ep a las víctimas acreditadas en el #Caso01(secuestro).#VerdadParaLaPazJurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) December 16, 2019
La @JEP_Colombia adelanta desde el 9 de diciembre una diligencia de prospección y exhumación de cuerpos en el Cementerio Católico Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia.
Leer comunicado: https://t.co/nARGKO2OlU
Abrimos hilo pic.twitter.com/Go3e1E61Af— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) December 14, 2019
Los "falsos positivos" son una escabrosa política aplicada por miembros del Ejército colombiano desde la década de los 90 y que consistía en "reclutar" civiles engañados con promesas de trabajo para conducirlos a lugares distintos a los de su residencia, donde posteriormente eran ejecutados.
Una vez perpetrado el crimen, los militares presentaban a los asesinados como guerrilleros muertos en combate con el objetivo de obtener de sus superiores beneficios como ascensos, condecoraciones o permisos.
FOSAS EN TODO EL PAÍS
Los sitios que el Movice pide proteger están ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Sucre, Santander y Norte de Santander, este último fronterizo con Venezuela.
Salamanca explicó que el pedido de protección de los 16 sitios en donde presuntamente hay víctimas de "falsos positivos" y de las autodefensas se hizo a las autoridades el año pasado para evitar que se alteren los lugares en los que están sepultadas.
La activista dijo que ese pedido se basa en información "recopilada desde hace más de 15 años por Organizaciones No Gubernamentales y de derechos humanos que hacen parte de Movice que dicen que hay personas enterradas en esos sitios".
La representante del Movice asegura que no tienen un estimativo del número de personas que puedan estar en esos lugares, pero asegura que, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el país hay más de 86,000 desaparecidos desde 1973, mientras otras organizaciones elevan la cifra hasta 130,000.
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Salamanca detalló que en el caso de Dabeiba, el Movice tiene información de que en seis cementerios de esa población -incluidos el de Las Mercedes y los de áreas rurales- hay personas sepultadas como NN que fueron ejecutadas por militares y por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
DENUNCIA DE IMPUNIDAD
"Ante la falta de (resultados) de las entidades competentes colombianas para casos de desaparición forzada, entre ellas la Fiscalía, Medicina Legal y el Ministerio del Interior, lo que se necesita es investigar y verificar si esas personas corresponden a víctimas de desaparición forzada", apostilló Salamanca.
Salamanca recordó que la impunidad en estos casos está alrededor de un 95.8% y los condenados por esas prácticas son militares de bajo rango.
Las investigaciones que lleva a cabo la JEP en Dabeiba se basan en el testimonio de un exmilitar que "indicó tener conocimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate", información que fue contrastada con un conjunto de pruebas, según manifestó el sábado ese tribunal, creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con la guerrilla de las FARC.
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