Uganda castiga con pena de muerte homosexualidad agravada

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha aprobado una polémica ley contra la homosexualidad que incluye largos castigos de cárcel y la pena de muerte para algunos delitos y que fue condenada por países occidentales.

Según informó  la presidenta del Parlamento ugandés, el presidente "ha ejecutado su mandato constitucional. Ha dado su consentimiento a la Ley Anti-Homosexualidad", considera una de las más estrictas del mundo.

"Como Parlamento de Uganda, hemos respondido al clamor de nuestro pueblo. Hemos legislado para proteger la santidad de la familia según el Artículo 31 de la Constitución de Uganda. Nos hemos mantenido firmes para defender nuestra cultura y las aspiraciones de nuestro pueblo", subrayó la presidenta del Legislativo ugandés.

Among agradeció a Museveni su "firme acción en interés de Uganda" y a los parlamentarios que aprobaron la norma "por resistir toda la presión de los intimidadores y los teóricos de la conspiración del fin del mundo en interés de nuestro país".

"El pueblo de Uganda ha hablado y ahora es su deber hacer cumplir la ley de manera justa, inalterable y firme", expuso.

Museveni promulgó el nuevo proyecto de ley que el Parlamento aprobó el pasado día 2 y que aún incluye largos castigos de cárcel y la pena de muerte para algunos delitos, pese al deseo del mandatario de que se suavizara el texto original tras una dura condena de Occidente.

El jefe de Estado se había negado a ratificar el polémico proyecto aprobado el pasado 21 de marzo por el Parlamento, y pidió que se modificara para que no condene la identidad de las personas LGBTIQ, sino sus actos.

La Comisión de Asuntos Legales y Parlamentarios anuló las cláusulas que aludían a la identidad.

Sin embargo, el delito de la "homosexualidad agravada" (término amplio usado para referirse al hecho de mantener relaciones íntimas con un menor de edad u otros grupos vulnerables) se mantiene castigado con la pena de muerte.

La versión anterior también requería que los ugandeses informaran a la Policía de cualquier actividad homosexual sospechosa o, de lo contrario, se podían enfrentar a seis meses de prisión.

Los legisladores acordaron enmendar esa disposición tras una apelación del presidente y ahora el requisito de informar se aplica sólo a los presuntos delitos sexuales contra niños y personas vulnerables, con una pena aumentada a cinco años de cárcel.

De acuerdo con la ley recién promulgada, cualquier persona que "promueva la homosexualidad a sabiendas" puede ser condenada a hasta veinte años de cárcel, una disposición que no se modificó con respecto al proyecto de ley original.

El texto legislativo ha sido duramente criticado por las Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos, así como por organizaciones de derechos humanos.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se declaró  "horrorizada" ante la aprobación esta nueva ley.

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