Venezuela aprueba una ley que ordena 30 años de prisión para quienes promuevan sanciones

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó una ley que ordena penas de entre 25 y 30 años de prisión y multas de hasta 1,055.680 dólares para las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras impuestas al Gobierno y “autoridades” del Estado.

La ‘Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela’, que deberá firmarse por el presidente Nicolás Maduro para su entrada en vigor, incluye también inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos “delitos”, lo que impedirá a los sancionados optar por cargos públicos o de elección popular.

Asimismo, tampoco podrán competir en elecciones quienes hayan “promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución” de “acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos” contra el país, sus instituciones o autoridades, muchas de ellas sancionadas por otros países.

A las personas señaladas por estas acciones se les impondrá la misma condena e igual penalización económica, pagada con moneda local y con la tasa del euro como referencia, al ser más alta que la del dólar, usado de manera regular en el país.

Los medios de comunicación que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que “afecten a la República Bolivariana de Venezuela” también se multarán con la misma cantidad y podrían castigarse con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma que sea el caso.

La Ley considera crímenes de lesa humanidad a las sanciones internacionales, luego de que el país recibiera más de 900 medidas de este tipo en la última década, principalmente por parte de Estados Unidos, según los datos del Gobierno.

Este nuevo marco legal también define como “acciones que ponen en riesgo la soberanía” el desconocimiento a (la legitimidad de los) poderes públicos o el reconocimiento de investiduras a sujetos que “simulen” representar el poder público, en un país que celebró elecciones presidenciales en julio, cuyo resultado oficial no reconocen numerosos Gobiernos.

Además, se crea un registro nacional de personas bajo “presunción fundada” de incurrir en todas estas acciones, quienes corren el riesgo de que sus activos se congelen, que se les prohíba hacer operaciones de compra y venta o, en el caso de extranjeros, de que expulsen del país y se sometan a una “extinción de dominio” para que el Estado le despoje de bienes en el territorio nacional.