Conductores luchan por su seguro social

Un trabajador del volante o "palanca" recorre la ciudad entera casi 7 veces enfrentándose a malas posturas, fuerte olor a combustible y el constante peligro de sufrir accidentes, para ganar aproximadamente 2 balboas por hora, mientras que el propietario del vehículo recibe unos 18 balboas en este mismo tiempo.
Los "palancas" reciben como pago, el dinero restante luego de haber entregado un alto porcentaje al propietario del vehículo. También en la mayoría de los casos deben asignar una cantidad para su ayudante, popularmente conocido como "pavo".
El servicio que desempeñan no es considerado un oficio ni profesión, por lo que no reciben un salario fijo, seguro social u otras prestaciones.
Andrés Moya, de Asistencia Legal Alternativa de Panamá (ALAP), los llama "trabajadores del volante", asegurando que existen motivos para considerarlos empleados aunque desempeñen una función poco común.
El abogado afirma que por estar bajo las órdenes de un jefe y recibir dinero de éste a cambio de sus servicios, legalmente son considerados trabajadores, por lo que tienen el derecho de recibir los mismos beneficios.
Otro de los aspectos que el jurista considera de importancia para pensar en los conductores como obreros, son los contratos verbales que establecen con los dueños de los vehículos, que según el abogado, son totalmente legales apoyados en la legislación vigente.
Moya agregó que el Código de Trabajo permite a estos trabajadores exigir prestaciones laborales, previo a la comprobación con testigos, de que ha existido algún tipo de relación laboral entre las partes.
Sin embargo, considera que la causa principal por la que los conductores no disfrutan de sus derechos, es por falta de organización.
Aclaró que actualmente no existe una organización sindical que ampare a los "palancas", sino que "los sindicatos existentes están integrados por dueños de transporte y no por los conductores de vehículos".
Moya señala que existen sanciones para los patronos que incumplan las disposiciones del código laboral; sin embargo, no se podrán aplicar hasta que los conductores decidan organizarse para exigirlo a sus jefes.
La Caja de Seguro Social (CSS) adelanta esfuerzos para incluir a estos trabajadores en el sistema de seguridad social. Las piqueras de autobuses del área metropolitana han sido parte de inspecciones que la institución denomina de "puerta a puerta" para encontrar a patronos que incumplen con el pago de cuota obrero-patronal.
Iris de De Bello, jefa del Departamento de Administración y Relación Obrero Empleador (DAROE), afirmó que inspectores de esta instancia visitaron por tres días algunas piqueras, en la que encontraron irregularidades en el pago de cuotas de parte de los dueños de los buses.
La jefa del departamento afirma que algunos de los transportistas respondieron de manera satisfactoria al llamado hecho por la institución para incorporar a sus empleados, tal es el caso del Sindicato de Conductores de Transporte colectivo (SICOTRAC).
Aseguró que en el SICOTRAC encontraron omisiones dentro de su planilla, lo que hizo que dirigentes de esta organización se acercaran al DAROE a presentar los documentos correspondientes para comenzar los trámites; mientras que el departamento les ha ofrecido asesorarlos para completar las gestiones pertinentes.
De Bello explica que los propietarios de vehículos tienen el deber de asegurar a sus empleados, debido a la "existencia de una relación laboral con sus conductores".
De comprobarse una relación laboral no registrada en la CSS, la institución tiene el derecho de hacerlo "de oficio", que quiere decir, de forma obligatoria, valiéndose de la Ley Orgánica, afirma la jefa del DAROE.
Asegura que los registros patronales, investigaciones y operativos, son mecanismos que le permiten a la entidad determinar la situación de los obreros, por lo que hace el llamado a quienes estén en la situación de los "palancas" a que se acerquen al departamento, para hacer uso de su derecho de recibir seguridad social.
La CSS habilitó el 212-0017 como línea caliente las 24 horas, para que los empleados denuncien a sus jefes, en caso de no pagarles las debida cuota obrero-patronal y para incluirlos dentro del sistema de seguridad social.
Luego de la denuncia hecha por una organización social, la Defensoría del Pueblo programa conversar con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la CSS y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) para encontrar una solución conjunta al problema de los conductores.
"En días pasados comenzaron las reuniones con la CSS", aseguró Jorge Fabián Gutiérrez, director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.
Garantizó que luego de las conversaciones con el director de Ingresos de la CSS, Pablo Puga, intentarán ampliar las negociaciones con los otros sectores lo más pronto posible.
La queja fue interpuesta por la Fundación Seguridad Ciudadana Pro-Orden y Disciplina, dirigida a incorporar a los conductores de buses al sistema de seguridad social.
La fundación busca, a través de la Defensoría del Pueblo, promover conversaciones entre los tres organismos responsables, para establecer una estrategia conjunta que garantice prestaciones laborales a los conductores, como cualquier empleado.
Gutiérrez afirma que la Defensoría del Pueblo "busca ser el ente catalizador" entre los conductores de buses, la ciudadanía y las autoridades pertinentes, a través de un diálogo en el que participen todos los sectores.
Como primer paso, propone un censo para establecer la cifra exacta de conductores; además insiste en la necesidad de educar a los conductores en los beneficios de estar agremiados. Para el funcionario, parte del problema de los "palancas" es su falta de organización.
Alexis Miranda, Secretario de Organización y Estadística del Sindicato de Conductores de Transporte Colectivo (SICOTRAC), afirma que procuran que los conductores tengan alguna forma de estabilidad laboral. No considera necesario el pago de "un salario", pero sí de la cotización a la CSS.
Para el dirigente, las conversaciones pretenden darle a los conductores la posibilidad de jubilarse y hacer uso de los servicios médicos que ofrece la institución de seguridad social.
La ley que regula el transporte en Panamá es No. 14 de mayo de 1993, reformada en 1999, y establece lo concerniente a las rutas y la relación laboral entre los dueños, los conductores de autobuses y sus ayudantes.
El artículo 57 de esta ley establece que los conductores de autobuses tiene subordinación jurídica y dependencia económica con relación a los propietarios.
Para Andrés Moya, de ALAP, estos dos aspectos son los que le permiten a los choferes de autobuses ser considerados empleados, con los mismos derechos que otros trabajadores.
Son pocos los artículos correspondientes al oficio de los operarios de autobuses; sin embargo, el reglamento establece la existencia de una relación de trabajo, aunque los choferes no estén inscritos en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT).
Para Jorge Fabián Gutiérrez, director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, esta ley no se está cumpliendo, por lo que han decidido recibir la solicitud de la Fundación Seguridad Ciudadana Pro Orden y Disciplina, para apoyar a los conductores.