Corte recibe presiones para cambiar decisión de fallo

 

Al menos cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) enfrentan fuertes presiones por parte del Órgano Ejecutivo, encabezado por Juan Carlos Varela, para cambiar un proyecto de fallo sobre las detenciones de los exdirectivos del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz y Gustavo Pérez.

El Ejecutivo, en contra de lo que indica la ley, busca sostener las medidas de detención preventiva dictadas por el fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar, contra Garuz y Pérez, a quienes se les acusa del delito de violación a la intimidad en perjuicio de políticos, empresarios y dirigentes sindicales.

Sin embargo, la semana pasada, el diario La Prensa, colaborador en las medidas de persecución ejercidas por Varela, filtró un proyecto de fallo trabajado por el magistrado Luis Ramón Fábrega, en que se declararían ilegales las detenciones de Garuz y Pérez por ser un delito cuya penalidad máxima no sobrepasa los 4 años.

El fallo, que se refiere estrictamente a lo que el derecho indica, habría sido respaldado por los magistrados Hernán De León, Harley Mitchell, Harry Díaz y Abel Zamorano.

Tras conocerse el proyecto de fallo, el Ejecutivo ha incrementado sus presiones en la Corte -en forma directa e indirecta, a través de sus aliados- para echar hacia atrás esta decisión a favor de Garuz y Pérez.

Incluso, el magistrado Zamorano habría cambiado su postura inicial, de acuerdo con fuentes judiciales vinculadas al proceso, y estaría analizando cómo respaldar la ilegalidad que intenta impulsar la procuradora, Kenia Porcell.

Ahora son tres magistrados en contra del proyecto de fallo de Fábrega: Oydén Ortega, Jerónimo Mejía y Zamorano, por lo que la decisión del caso quedaría en manos de dos magistrados suplentes, luego de que José Ayú Prado y Víctor Benavides se declararan impedidos.

Es decir, los magistrados suplentes Nelly Cedeño de Paredes y Gabriel Fernández son quienes ahora tienen la mayor presión del Ejecutivo, que intenta sumar sus votos en contradel proyecto de fallo deFábrega.

Varela trata de jugarse todo su poder frente a la CSJ en busca de sostener las primeras detenciones contra figuras del gobierno pasado, ordenadas por la procuradora que él nombró: Kenia Porcell.

Algunos grupos de la sociedad civil que simpatizan y respaldan la gestión de Varela están coordinado una marcha para este jueves, el mismo día en que se reúnen los magistrados.

El objetivo es ejercer más presión contra el proyecto de fallo que declara ilegales las detenciones.

El propio secretario general de la Procuraduría, Rolando Rodríguez, se refirió a inicios de la investigación sobre el caso.

“Este es un bien jurídico tipificado en el Código Penal con una sanción de uno a tres años de prisión y tenemos el Código Judicial, que determina que para imponer la detención preventiva es necesario que se aplique a los delitos establecidos en el Código Penal con una pena mínima superior a cuatro años”, explicó Rodríguez al participar en una entrevista en el programa Radar de TVN.

Rodríguez cuestionó en ese momento las sanciones por el delito de violación a la intimidad. “Haber vulnerado el derecho íntimo de cada persona tiene una consecuencia jurídica más leve que hurtar una vaca”, dijo.

“Una vaca vale más que el derecho a la intimidad de un ser humano”, agregó.

Por su parte, el abogado Carlos Carrillo también cuestionó la medida de detención preventiva de Garuz y recomendó a las autoridades hacer docencia.

“Si tú persigues un delito con una penalidad de dos a cuatro años, hay que hacer docencia y decir que allí no cabe la detención preventiva. Si tú dices que se están investigando delitos de los cuales todas las pruebas están en el expediente, estás hablando de delitos que pueden tener una sustitución de la medida preventiva”, aseveró el abogado.

Indicó que los fiscales son personas con factores y situaciones que deben ser exclusivamente jurídicos, no obstante, hay factores externos que influyen en menor o mayor valor su posición y abren expectativas.

Reiteró que en el caso del exsecretario del Consejo de Seguridad, jurídicamente no aplica la detención, pero en su lugar se está obligando a la Corte a intervenir.

Carrillo también volvió a recordar que lo que determina la viabilidad de la detención preventiva es la penalidad, el riesgo de fuga, el riesgo de perder pruebas y el peligro para la víctima.

“Pero lo que se está vendiendo y la percepción que está haciendo y es peligrosa al inicio de una nueva gestión en el MP son situaciones muy particulares que la gente se va a quedar confundida. Si tú estás diciendo en público que por una pena menor se puede meter preso a alguien, la gente te va a pedir cárcel para todo el mundo y va a haber un sentimiento de discriminación”, remarcó.

El abogado Armando Fuentes, defensor de Pérez, expresó que “a la fecha no se les ha notificado nada y se solicitó a la Corte que aplique el artículo 447, numeral 12, del Código Judicial, en el sentido de que los magistrados y jueces, según las reglas de la ética, no se pueden dejar presionar por aspectos públicos y tomar sus decisiones con base en la ley y la justicia”.

“Consideramos que cuando se reúna el Pleno, puede que tomen la decisión. Lo único que hemos sabido es que dos magistrados se declararon impedidos, entonces podemos entender que la decisión debe esperar”, detalló el abogado.

14 días tiene de haberse presentado el primer hábeas corpus a favor de Garuz.