CSS podría modificar nueva estructura administrativa

El presidente de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), Erasmo Muñoz, informó ayer que tienen la disposición de modificar o cambiar el contenido de la Resolución No. 31 del 29 de enero del 2002, que crea una nueva estructura administrativa en la institución.
Muñoz reconoció que existe un ambiente "tenso" entre los gremios afectados por la medida, pero indicó que no es la intención de la institución afectar a nadie en su trabajo.
"No podemos cambiar la resolución sin que sea sustentada o discutida primero por los gremios y luego que se lleve la inquietud a la Junta Directiva", manifestó.
Precisó que la Junta Directiva de la CSS pensaba que la resolución había sido discutida, pero no fue así y ahora han surgido los problemas.
Detalló que dio instrucciones a los planificadores del Seguro Social para que se reúnan con los gremios médicos y redacten una norma consensuada.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP), Nelva de Small, confirmó que los gremios médicos solicitaron a la Junta Directiva de la CSS que revoque la Resolución 31 del 29 de enero del 2002, en donde se aprobó una nueva estructura de las direcciones u otros cargos.
Small aclaró que no han decretado ningún paro de labores sino que iniciaron conversaciones con la administración y Junta Directiva de la CSS para que modifique esta resolución por considerarla inconveniente para los profesionales de la salud.
Detalló que la resolución elimina los departamentos individuales que tenían los laboratoristas, radiólogos, enfermeras y auxiliares y crea una sola Dirección de Prestaciones Médicas.
Añadió que los profesionales y técnicos de salud desean permanecer en sus direcciones individuales para contar con una participación en la estructura médica de la entidad.
Indicó que sí apoyan el nuevo modelo de atención, pero no así la estructura administrativa que se crea con la nueva resolución.
Por su parte, Carlos Smith, legislador del Partido Revolucionario Democrático (PRD), calificó como débiles las explicaciones dadas por las autoridades para impedir la entrada de armas de guerra al país y que tienen como destino grupos insurgentes colombianos.
Smith señaló que las autoridades ejecutan labores de revisión en Jacú, de los camiones y automóviles que ingresan al país. También lo hace en Río Sereno y en la garita de Risacua, en la provincia de Chiriquí.
Desechó la excusa de la porosidad en la frontera, toda vez que aunque los cargamentos entren por trochas, deben pasar forzosamente por los tres puntos citados en la provincia chiricana.
En octubre del 2001, la Policía solicitó un crédito al Consejo Económico Nacional (CENA) por un monto de B/.3.5 millones, que sería utilizado en equipo para el Servicio Marítimo Nacional (SMN), Servicio Aéreo Nacional (SAN) y la Policía Nacional, pero los encargados de estas instituciones nunca han dado detalles de las compras ejecutadas.
La Policía también compró visores nocturnos para asignarlos a la Policía de frontera, así como morteros, tras un ataque escenificado por guerrilleros en la comunidad darienita de Nazaret, donde falleció una menor de edad y hubo varios heridos.
También la Embajada de los Estados Unidos donó al SMN varias embarcaciones para realizar trabajos de vigilancia en las costas, a fin de interceptar embarcaciones que transporten armas, droga o indocumentados.
Sin embargo, el gobierno nunca ha dado a conocer la cuantía exacta de lo que gasta en materia de seguridad y en la compra de armamentos. Generalmente, al preguntarle al director de la Policía, Carlos Barés, sobre este tema se vuelve muy elusivo y responde que se han comprado “muchas”.
También el abogado Miguel Antonio Bernal ha señalado que el pasado año la Policía anunció la compra de B/.5 millones en equipo bélico, pero nunca se han revelado las cantidades y cómo se ejecutó esta compra.

Sobre Vacamonte hay que decir que no hay la menor duda que fue una decisión muy acertada sacarlo fuera de la ciudad para evitar la contaminación que se estaba llevando a cabo en la bahía de Panamá.
Pero con el tiempo es una industria que aporta muchísimo al gobierno y al país.
Si se privatizara Vacamonte se convertiría en un monopolio de los más fuertes, pero hay que mantener el equilibrio en un área que ha sido tan exitosa hasta el momento.
Creo que cuando mejore el servicio de agua, y cuando podamos dragar el acceso, va a mejorar Vacamonte.
Acabamos de instalar unas ocho grúas para manejar las canastas grandes de camarones . Estas grúas existían desde que fue fundado este puerto desde que yo fui director de la Autoridad Portuaria y se hicieron ciertas inversiones.
En esta etapa se ha instalado un sistema eléctrico, se han comprado ocho grúas que están instalándose y sentimos que igualmente hay posibilidades en el futuro de que se pueda dragar el acceso a Vacamonte.

¿Cuál es el calado aconsejable de Vacamonte para ampliar sus actividades?

El calado aconsejable para el puerto de Vacamonte es por lo menos 24 pies.
Actualmente tiene un calado entre 18 y 20 pies. Igualmente entre los proyectos de la Presidenta de la República a través del gobierno japonés, que trajo 17 técnicos para hacer unos y para mejorar ciertos puertos del interior y establecer unos centros de acopio, en particular en la península de Azuero.
Ha aumentado la cantidad de personas que se dedican a la pesca artesanal.
Hemos hecho también una inversión en Puerto Mutis y en otros puertos menores. Igualmente en La Palma y Jaqué en el Darién se han hecho inversiones.
La infraestructura del interior es sumamente importante porque evita la posibilidad de que nosotros tengamos muchas más personas dedicadas a actividades en la capital.
Así tenemos la posibilidad de equilibrar la situación que se presenta en el país.
Los puertos pequeños generan la posibilidad de trabajar en otras actividades a personas de esas localidades y puedan llevar beneficios a sus familias. Y así ya no van a venirse a la capital.