Gobierno aceptará costos para limpiar imagen del país

No importa el costo económico o diplomático que deba afrontar el Estado para limpiar la imagen de Panamá a nivel internacional, manifestó ayer el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino.

Esto surge tras la posibilidad de la cancelación de los contratos entre Panamá y la empresa italiana Finmeccanica, que equivale a $252 millones.

Reiteró que no existe, dentro del expediente judicial en Italia, ninguna acusación contra funcionarios panameños.

Sin embargo, Mulino advirtió que si se prescinde de estos contratos, no se podrá continuar con el plan de la lucha contra el narcotráfico, y “el único que ganaría esta batalla es el crimen organizado”. Aclaró que también se echaría por tierra tres años de su trabajo.

“Para Panamá, el contrato con Finmeccanica es una herramienta importante y es normal que un país busque las maneras para resolver un problema”, acotó.

Mencionó que Panamá no es cualquier cliente de Finmeccanica, es un cliente de $250 millones.

“Era sensato y necesario, que el Gobierno panameño planteara al mundo que no vamos a salvar un contrato, para embarrar el nombre de nuestro país”, resaltó.

Pero antes de tomar una decisión, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe evaluar esta decisión, señaló el ministro de la entidad, Frank De Lima.

Cabe destacar que a finales de enero pasado llegaron los 19 radares y fueron entregados al Servicio Nacional Aeronaval, y actualmente están siendo instalados. Solo el costo de estos radares es de $125 millones, aproximadamente.

Además, el próximo mes de mayo se debe entregar un anticipo del pago a la empresa Selex, que forma parte de Finmecannica, de la compra de estos equipos, que incluyen los 19 radares, seis helicópteros y un sistema de cartografía.

Mulino explicó que antes de viajar a Italia se conversó con el banco que prestará el dinero a Panamá, y se les explicó sobre la posibilidad de la cancelación del contrato.

En cuanto al tema de las cárceles móviles, Mulino recalcó que nunca hubo un contrato, y por lo tanto, tampoco existió soborno.

Explicó que el contrato no se realizó porque Panamá no tenía el presupuesto para asumir estas cárceles, y así lo recomendó en ese momento el MEF.

Según Mulino, este fue el objetivo del viaje a Italia: solicitarle al Gobierno italiano que aclarara que ningún funcionario panameño está involucrado en el proceso judicial que se desarrolla en ese país europeo.

Critican viaje de Mulino.

Mientras tanto, Carlos Lee, de la Asamblea Ciudadana, dijo que el viaje de Mulino a Italia no tiene justificación, porque en el expediente se menciona a personas y no al Estado panameño.

“Por lo tanto hay que saber con qué fondos viajaron esos funcionarios y con qué fondos se contrató al abogado en Italia, si Panamá no es investigado”, dijo.

Señaló que con la visita de las fiscales panameñas a Italia bastaba, porque ellas fueron a solicitar una información judicial, ya que en Panamá hay una investigación de oficio por ese tema.

En la tarde de ayer, miembros de la Asamblea Ciudadana y la Alianza Ciudadana Pro Justicia realizaron un piquete en los predios de la Procuraduría de la Nación, para exigir que se realice una investigación transparente en este caso.

Svemark culpó a Velocci por la pérdida del contrato de las cárceles  en Panamá

Desde el 24 de agosto de 2011,  Mauro Velocci ya no representa al consorcio Svemark, el cual presentó una oferta para construir cuatro cárceles modulares en Panamá por $176 millones. La destitución de Velocci fue confirmada por el propio presidente del consorcio  Svemark, Antonio Puccia.

 Incluso el representante de Svemark aceptó que la razón por la cual se perdió el contrato en Panamá se debió a la falta de responsabilidad de Velocci y su “asesor personal” Valter Lavitola.

Velocci, en declaraciones a un canal de televisión, reconoció que  trabajó en conjunto con Lavitola en Panamá. 

  Sin embargo, la empresa Svemark aclaró que “la gestión de Velocci con el Gobierno panameño no es compartida por los miembros del consorcio y su consejo de administración”, añadió Puccia, en un correo enviado a un diario italiano en el 2011, y que fue enviado a este diario ayer por una alta fuente oficial. Según ese correo, Velocci fue despedido de la empresa que representaba hace ya  meses y desde antes de que se presente a la Justicia de Italia en calidad de testigo. En la comunicación,  el presidente de Svemark defendió la propuesta que presentaron para las cárceles modulares en Panamá.

 Señaló que el precio presentado para construir las cárceles es 10% menor a los precios pagados por el Gobierno panameño a una empresa colombiana encargada de la construcción de una prisión con los métodos tradicionales.

 El Gobierno panameño ha reiterado que la propuesta  de las cárceles modulares del consorcio  Svemark fue rechazada por lo elevado de los costos.